Caso Chevron Ecuador

La jugada de Donziger quedó incompleta

01/09/2021 Forbes - Michael I. Krauss

Donziger ahora enfrenta una sentencia por desacato penal a la corte por no cumplir las diversas órdenes del caso civil Chevron Corp. v. Donziger et al., 11 Civ. 691 (S.D.N.Y.) (2019). Ese caso fue quizás el golpe más fuerte que recibió el intento de Donziger de sacarle millones de dólares a Chevron Corp. luego de la fraudulenta sentencia de Ecuador contra el gigante petrolero.

Los lectores de esta columna conocen bien la historia de Steven Donziger, el abogado inhabilitado que estudió en Harvard. Donziger ahora enfrenta una sentencia por desacato penal a la corte por no cumplir las diversas órdenes del caso civil Chevron Corp. v. Donziger et al., 11 Civ. 691 (S.D.N.Y.) (2019). Ese caso fue quizás el golpe más fuerte que recibió el intento de Donziger de sacarle millones de dólares a Chevron Corp. luego de la fraudulenta sentencia de Ecuador contra el gigante petrolero.

El juez de distrito estadounidense, Kaplan, quien presidió el caso de 2019, había acusado a Donziger de seis cargos de desacato penal por infringir el artículo 401(3) del título 18 del Código de los Estados Unidos, a raíz de la negativa del abogado a cumplir tres órdenes judiciales de ese caso. El juez sostuvo que Donziger: 1) desobedeció una orden que dispuso que debía proporcionar, antes del 8 de marzo de 2019, una lista certificada de todos sus dispositivos electrónicos, cuentas de comunicación y mensajería; 2) no entregó estos dispositivos; 3) no entregó todos los pasaportes que le fueron expedidos por cualquier país; 4) infringió el párrafo uno del protocolo de la sentencia RICO dictada en su contra por el juez Kaplan al negarse a ceder a Chevron sus derechos contractuales pagaderos según dos acuerdos de honorarios negociados con clientes ecuatorianos; y 5) infringió el párrafo cinco del protocolo de la sentencia RICO al continuar otorgando cesiones y prendas por futuros honorarios contingentes según la sentencia ecuatoriana que se obtuvo mediante fraude a cambio de servicios personales prestados.

Entre el 10 y el 17 de mayo de 2021 se realizó un juicio sin jurado por estos cargos de desacato. El fiscal especial obtuvo el testimonio de siete testigos y se recibieron como pruebas más de 160 documentos. Donziger no llamó a un solo testigo y decidió no testificar en su propia defensa. Después del juicio, la Corte declaró a Donziger culpable de los seis cargos de desacato penal en un fallo de 245 páginas. Probablemente será sentenciado en septiembre. Ahora tiene antecedentes penales y puede ser condenado a seis meses de prisión o a pagar una multa de $5,000; y por supuesto, ya ha sido inhabilitado y no puede seguir ejerciendo como abogado.

A Steven Donziger le quedaba una jugada y la utilizó. Solicitó un nuevo juicio por desacato, argumentando que era inconstitucional haber designado al fiscal especial para encargarse de la acusación en su contra (el Departamento de Justicia federal había informado al juez Kaplan que carecía de recursos para asumir el caso), basándose en gran medida en el caso United States v. Arthrex, Inc., 141 S. Ct. 1970 (2021). En esencia, Donziger argumentaba que el fiscal especial era un funcionario ejecutivo no sujeto a la supervisión y control del líder del poder ejecutivo (el presidente) y el Fiscal General.

El 21 de agosto de 2021, la jueza de distrito, Loretta Preska, desarmó la jugada del abogado. Como señaló en su exhaustiva y respetuosa decisión, el Fiscal General tenía claramente la discreción de supervisar y controlar al fiscal especial del caso contra Donziger. El hecho de que haya optado por no ejercer ese control es, por supuesto, irrelevante: es evidente que no encontró nada que objetar en la gestión del caso por parte del fiscal especial. De hecho, en mayo de 2021, el entonces Fiscal General adjunto, John P. Carlin, lo indicó en una carta al representante de Donziger. Y, por supuesto, la decisión real del caso de desacato la iba a dictar la jueza Preska, miembro debidamente confirmado del poder judicial, no del poder ejecutivo, lo que torna ineficaz al argumento del caso Arthrex.

El argumento de la constitucionalidad interpuesto por Donziger fue tan débil como un pase que se va a los graderíos.

¿Qué sentencia recibirá? No importa, al menos no tanto. Durante su largo juicio (que se prolongó en gran medida por las tácticas dilatorias de los abogados defensores), Donziger admitió que ya pasó mucho tiempo en arresto domiciliario para hacer frente al riesgo de fuga que la corte consideró que planteaba. Pero el arresto domiciliario no implica prisión y a Donziger se le ha permitido salir de su casa por varias razones (obligaciones familiares, empleo, visitas de abogados, servicios religiosos y citas médicas).

Con suerte, estas palabras del fiscal especial pueden pesar en la mente de la jueza Preska cuando considere la posibilidad de imponer alguna pena privativa de libertad:

“El señor Donziger ignoró repetida y deliberadamente las órdenes judiciales durante años. Su desobediencia fue intencional y reiterada. No ha expresado ningún remordimiento por su conducta. Hasta el día de hoy, no ha presentado los documentos que se le ordenó presentar... y que retuvo basándose en la Primera Enmienda. El señor Donziger aún no ha dado cumplimiento al párrafo cinco del protocolo. La Corte debe tener en cuenta estos hechos al imponer sentencia. También debería considerar una sentencia para disuadir a quienes pretendan socavar el estado de derecho de esta manera en el futuro y para promover el respeto por la ley y el principio de que las órdenes judiciales no se pueden incumplir con impunidad”.

Que así sea.

Esta es una traducción no oficial realizada por Chevron. El artículo original en inglés puede ser visto aquí

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