La Justicia española aprobó extradición de líder de Los Tiguerones

La condición para la extradición se debe a la situación de violencia en las cárceles

William Joffre Alcívar Bautista fue acusado de asaltar TC Televisión en 2024 / Foto: cortesía

Madrid- La Audiencia Nacional de España ha accedido a extraditar a Ecuador a William Joffre Alcívar Bautista, uno de los considerados líderes de la banda Los Tiguerones, acusado de asaltar un canal de televisión en 2024, a condición de que el país sudamericano dé garantías de sus cárceles.

En un auto conocido este martes, condiciona la entrega a que, en el plazo de tres meses, Ecuador garantice de forma efectiva su derecho a la vida y a la integridad personal si es encarcelado en su país.

El auto explica que los hechos, según la legislación ecuatoriana, serían constitutivos de un delito de terrorismo, que tienen correspondencia en el Código Penal español.

De acuerdo con la descripción de los hechos presentada por las autoridades ecuatorianas, sobre las 14:00 horas del 9 de enero de 2024 en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil se produjo el asalto mientras se desarrollaba en vivo una transmisión televisiva, en medio de una ola de violencia que padeció el país.

Al respecto, añade que un grupo de personas, entre ellas el reclamado, entraron por la fuerza en instalaciones del canal TC Televisión.

Una vez dentro procedieron a neutralizar al personal, para posteriormente amenazar a uno de los presentadores con armas de fuego apuntando a su cabeza y colocando explosivos en el bolsillo de su chaqueta con el fin de que solicitara de rodillas que no le hicieran daño.

"En dicho acto terrorista, los trabajadores del canal fueron obligados a solicitar a los miembros de la Policía Nacional que abandonaran las instalaciones", concluye el relato del expediente de extradición.

En su resolución el tribunal desestima todos los argumentos planteados por la defensa para oponerse la extradición.

No obstante, considera que debido a la situación de violencia en cárceles en Ecuador, es necesario exigir unas garantías para proceder a la entrega.

En concreto, la condiciona a que en el plazo de tres meses las autoridades ecuatorianas "presten garantía suficiente de haber adoptado las medidas y realizado las acciones concretas indicadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendentes a garantizar de forma efectiva los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos en sus centros penitenciarios".

Igualmente, "que la situación de las prisiones se ha normalizado, atendiendo a lo que al respecto dictaminen los órganos de observación especializados previstos en el sistema de protección regional de los derechos humanos". EFE
 

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