El poder político encarnado en una sola persona tuvo su fin en 1748, cuando por iniciativa del filósofo francés, Barón de Montesquieu se implementó la división de poderes para gobernar.
Así nació la trilogía: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hoy llamadas funciones del Estado, con independencia y autonomía.
La Judicial fue creada para administrar justicia, lograr el equilibrio en la convivencia social, precautelando el bien común y la paz colectiva, con base en lo que disponen la Constitución y las leyes.
Históricamente esta función ha sido objeto de acoso permanente, sea de parte de las otras funciones del Estado, como de los grupos de poder, afirma el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gustavo Medina.
El jurista Bayardo Moreno, en uno de sus escritos, recuerda que Juan Montalvo en su quinta “Catilinaria” relata lo ocurrido con un clérigo a quien el presidente Ignacio de Veintimilla perseguía acusándolo de calumniador.
El encausado después de seis meses de cárcel obtuvo sentencia absolutoria de los jueces de primera y segunda instancia y de la misma Corte Suprema, pero Veintimilla no acató el fallo judicial.
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