Cada vez que el precio internacional del petróleo cae, Ecuador vuelve a enfrentar la misma realidad: el problema no es únicamente cuánto vale el barril, sino cómo está estructurado el contrato que regula su producción.
Mientras muchos ciudadanos creen que vender petróleo a USD 60 o USD 70 por barril sigue siendo un gran negocio, pocos conocen que existen contratos en los cuales, antes de que el Estado reciba su renta petrolera, deben descontarse tarifas, costos operativos, financiamiento, gastos administrativos y múltiples obligaciones que reducen significativamente el ingreso efectivo para el país. En otras palabras, no todos los barriles producen la misma riqueza para el Estado. Tampoco todos los modelos contractuales generan la misma renta pública para el estado.
La diferencia entre un contrato de participación y un contrato de servicios específicos con financiamiento es fundamental. En un contrato de participación, el operador recupera su inversión mediante una participación previamente acordada de la producción. Si el precio del petróleo sube, tanto el Estado como la empresa se benefician; si baja, ambos comparten el riesgo.
En cambio, bajo un contrato de servicios específicos con financiamiento, el Estado continúa asumiendo una parte importante de los costos asociados a la operación. Además del pago de la tarifa al contratista, cualquiera sea el precio del petróleo, Petroecuador mantiene obligaciones relacionadas con gastos operativos, administrativos, comunitarios, ambientales, seguros, transporte y comercialización. Esto implica que el ingreso neto del Estado se reduce considerablemente cuando los precios internacionales disminuyen.
Cuando el barril supera los USD 90 o USD 100, estas diferencias pueden pasar desapercibidas. Sin embargo, cuando el precio cae, la estructura contractual se vuelve determinante. Los contratos de participación distribuyen el riesgo entre ambas partes, mientras que los contratos de servicios específicos trasladan gran parte del riesgo económico al Estado.
Vietnam entendió esta realidad. Manteniendo la propiedad estatal sobre los hidrocarburos, ha fortalecido esquemas de participación para atraer inversión privada, tecnología y capital, permitiendo que el operador asuma el riesgo financiero y operativo. No se trata de privatizar los recursos naturales, sino de diseñar contratos que alineen incentivos y maximicen la renta petrolera para la sociedad.
Los incentivos son determinantes. Cuando una empresa participa directamente de los beneficios del proyecto, invierte más, incorpora nuevas tecnologías, perfora nuevos pozos y busca incrementar el factor de recuperación. En un esquema de tarifa fija, dichos incentivos son considerablemente menores.
Ecuador tiene la oportunidad de revisar su arquitectura contractual. Petroecuador debería concentrarse en la regulación, supervisión y administración estratégica del recurso, mientras operadores especializados asumen inversiones, financiamiento, operación, riesgos ambientales y abandono de campos.
La discusión nacional no debería limitarse a cuántos barriles produce el país, sino a cuánto dinero queda realmente para los ecuatorianos por cada barril producido. Un contrato de participación puede aportar entre USD 16 y USD 20 por barril producido, mientras que un contrato de servicios específicos con financiamiento podría aportar entre USD 7 y USD 11 por barril producido. Los ciclos bajos del precio del petróleo ponen a prueba la calidad de los contratos. Vietnam comprendió esa lección. Ecuador aún está a tiempo de hacerlo.
