“Las consultas locales no pueden decidir el destino de los recursos que le pertenecen al Estado”

María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, conversó con El Oriente sobre el referendo que tendrá lugar el 20 de agosto, donde se decidirá el futuro de la minería en el Chocó Andino

María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, conversó con El Oriente sobre el referendo que tendrá lugar el 20 de agosto, donde se decidirá el futuro de la minería en el Chocó Andino/ Foto: cortesía Cámara de Minería de Ecuador

¿Cuál es la posición de la Cámara de Minería del Ecuador sobre la consulta popular que se llevará a cabo el 20 de agosto y donde se decidirá el futuro de la minería en el Chocó Andino (noroccidente de Quito)?

La minería industrial responsable mira con preocupación el caso de la Consulta Popular para frenar la minería metálica en todas sus formas impulsada por la iniciativa ‘Quito Sin Minería’. En el país hay ejemplos de actividades de minería a gran escala que han demostrado ser responsables promotores de una operación ambiental apegada a la normativa ecuatoriana y a estándares internacionales.

Además, creemos que la prohibición de la actividad minera formal en el sector del noroccidente de Quito es una medida que no soluciona los problemas de fondo de la zona, como la incursión de la minería ilegal, la contaminación del agua por falta de tratamiento de aguas servidas en zonas altas y otras actividades productivas, así como el tráfico de especies y la tala ilegal.

¿Por qué hay oposición a la minería a gran escala?

Hay actividad minera en la zona y son concesiones de pequeña minería y minería artesanal. En cuanto a la minería a gran escala - que es la que está representada por la Cámara de Minería del Ecuador (CME) - hay una sola concesión.

La única concesión que hay es la concesión Rumiñahui, que se encuentra en etapa de exploración inicial. Una etapa que según el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica es de bajo impacto y que puede tener una duración de varios años. Después de esta etapa se determina si hay la viabilidad de una mina.

La única concesión de la que hablamos no está en el Chocó Andino como tal (en el núcleo) está en el área de transición y solamente en el 5 % en área de amortiguamiento en donde sí es permitido realizar actividad minera. En el área no hay bosques sino más bien actividad agrícola.

La empresa que opera la concesión Rumiñahui es Natural Resources que cuenta con todos los permisos requeridos. En el área se realizaron actividades de prospección y exploración inicial durante la pandemia. Al momento se encuentran detenidas las operaciones por la presión ejercida por parte de grupos ambientalistas.

¿Cuántas concesiones mineras se han otorgado en el área?

Según el Catastro Minero son poco más de 10, ese es un dato que puede confirmar la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables

(ARCERNNR), pero solamente hay una de minería a gran escala, que es la concesión Rumiñahui que se encuentra en fase de exploración inicial.

Uno de los principales problemas en la zona es la minería ilegal. ¿Por qué los grupos ambientalistas guardan silencio sobre esto?

La minería ilegal al no pagar aranceles, impuestos y no cumplir con ninguna normativa ni estándar es conveniente para los grupos que trabajan de manera ilícita, razón por la cual llama en gran manera la atención que las exigencias de terminar con la minería metálica se centren en la minería legal que cumple con toda la normativa ecuatoriana y estándares internacionales.

¿Qué pasaría si la posición antiminera triunfa en la consulta popular? ¿Qué significa esto para Quito?

En un país como Ecuador que tiene una riqueza minera innegable y donde se han encontrado yacimientos de talla mundial que podrían ser la solución para enfrentar la crisis climática mundial en el mediano plazo el no contar con la seguridad jurídica necesaria afecta a toda la industria. El mensaje que se da al exterior es de inestabilidad e incertidumbre. De triunfar el Sí creemos que se da paso a la minería ilegal. Adicionalmente recordemos que la ley no tiene carácter de retroactiva por lo que las concesiones que están otorgadas podrán seguir operando.

¿Esta consulta pone en riesgo concesiones mineras en otras provincias?

Como Cámara de Minería del Ecuador creemos que las consultas populares locales no pueden decidir el destino de los recursos que le pertenecen a todo el Estado ecuatoriano. La Constitución claramente establece que los recursos del subsuelo le pertenecen al Estado central a quien le corresponde su administración. Desde la CME siempre nos hemos pronunciado en contra de iniciativas plebiscitarias que lo único que producen es una suerte de incertidumbre tanto nacional como internacionalmente.

¿La Cámara de Minería del Ecuador está haciendo campaña?

Estamos próximos a presentar una campaña a favor de la minería industrial, ya que consideramos que la minería representa para el país una oportunidad de desarrollo en lo económico, social, ambiental e industrial.

La minería responsable puede convivir de manera armónica con las actividades agrícolas o turísticas, incluso puede dar impulso a las mismas por el encadenamiento productivo que genera, así como por los programas de relacionamiento comunitario que llevamos adelante en los que se incluye un impulso a la producción local.