Bogotá – La falta de una delimitación definitiva del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín continúa generando preocupación entre las autoridades de control. En un nuevo informe de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo advirtieron que los retrasos en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional han contribuido al crecimiento de la minería ilegal y a una mayor presión sobre este ecosistema estratégico.
De acuerdo con un reciente informe de seguimiento, más de ocho años después de que se ordenara realizar una nueva delimitación participativa del páramo, el proceso aún no ha concluido, generando incertidumbre para las comunidades, las autoridades y los sectores productivos de la región.
Aumentan los riesgos ambientales
Los organismos de control señalaron que la ausencia de una definición clara sobre los límites del páramo ha dificultado la vigilancia y el control de actividades ilícitas, permitiendo la expansión de la extracción ilegal de minerales en zonas sensibles.
La preocupación es especialmente relevante debido a que Santurbán abastece de agua a miles de habitantes de Santander y Norte de Santander. Cualquier afectación sobre este ecosistema podría tener impactos directos sobre las fuentes hídricas.
Además de los riesgos ambientales, el informe advierte que la situación ha incrementado la informalidad minera y ha generado obstáculos para el desarrollo económico de las poblaciones que dependen de actividades productivas legales en la región.
Investigación sobre minería ilegal
Ante los hallazgos identificados, la Procuraduría anunció que remitirá información a la Fiscalía General de la Nación para que investigue posibles actividades de extracción ilícita de minerales en áreas cercanas al páramo.
Los organismos consideran que la falta de una delimitación definitiva ha limitado la capacidad institucional para enfrentar de manera efectiva este fenómeno.
Cuestionamientos al avance del proceso
El informe también identifica retrasos en la ejecución de mesas de concertación con comunidades y observaciones sobre el cumplimiento de obligaciones por parte de las entidades responsables del proceso.
La Procuraduría y la Defensoría recomendaron establecer un cronograma público y verificable que permita concluir la delimitación del páramo y fortalecer las acciones de protección ambiental en una de las zonas más sensibles para la seguridad hídrica del país.
