lunes, 16 de noviembre de 2026
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Colombia

Minería ilegal de oro se expande en Colombia y fortalece las rentas de grupos armados

El aumento de la explotación aurífera ilícita coincide con la presencia de estructuras armadas en varias regiones del país

El fenómeno ha sido identificado en departamentos como Antioquia, Chocó, Cauca, Bolívar, Nariño y zonas de la Amazonía / Foto: cortesía Fuerza Aeroespacial Colombiana

La minería ilegal de oro mantiene su expansión en Colombia y continúa ganando peso dentro de las economías que financian a grupos armados. El crecimiento de esta actividad se concentra principalmente en territorios donde persisten disputas por el control de recursos naturales y corredores estratégicos.

El fenómeno ha sido identificado en departamentos como Antioquia, Chocó, Cauca, Bolívar, Nariño y zonas de la Amazonía. En varias de estas regiones, estructuras armadas cobran extorsiones a mineros, controlan el ingreso de maquinaria o intervienen directamente en la explotación y comercialización del mineral.

El Ministerio de Minas y Energía señaló en abril de 2026 que hasta el 80 % del oro comercializado en Colombia tendría un origen informal o ilegal. La entidad estimó que esta economía genera ingresos por unos USD 8.414 millones al año y que está presente en 300 municipios de 23 departamentos.

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Las autoridades también han documentado mecanismos utilizados para introducir oro de procedencia ilegal al mercado formal. En julio, la Policía informó sobre una operación en El Bagre, Antioquia, contra una red que presuntamente extraía oro del río Nechí y posteriormente lo comercializaba mediante establecimientos de compraventa.

La problemática también aparece en las alertas de la Defensoría del Pueblo. En marzo de 2026, el organismo advirtió sobre riesgos asociados con la minería ilegal y la presencia de grupos armados en municipios de Cesar y Norte de Santander.

El avance de esta actividad representa un desafío simultáneo para la seguridad, el control territorial y la protección ambiental. Las operaciones contra las redes de extracción y comercialización buscan afectar una fuente de ingresos que, de acuerdo con las autoridades, se ha convertido en una de las principales economías ilícitas del país.