Minería ilegal se consolida como segundo mercado ilícito en Ecuador y amenaza áreas protegidas

Las provincias más afectadas incluyen Esmeraldas, Imbabura, Napo, Morona Santiago, Azuay, El Oro, Sucumbíos y Zamora Chinchipe

La producción aurífera ilegal genera alrededor de USD 300.000 diarios para grupos criminales / Foto: cortesía Ministerio de Minería

Quito- La expansión de la extracción ilícita de minerales genera rentas millonarias para grupos criminales, deterioro ambiental y graves vacíos de control institucional, según datos recopilados por la Cámara de Minería del Ecuador.

La minería ilegal se ha convertido en una de las principales economías ilícitas del país. De acuerdo con cifras citadas por la Cámara de Minería del Ecuador, el Observatorio del Crimen Organizado ubica esta actividad como el segundo mercado ilegal más importante, con ganancias que superan los USD 1.300 millones. El Viceministerio de Seguridad Pública estima que solo la producción aurífera ilegal genera alrededor de USD 300.000 diarios para grupos criminales, mientras que aproximadamente el 77% del oro extraído en el país tendría origen ilegal.

Las provincias más afectadas incluyen Esmeraldas, Imbabura, Napo, Morona Santiago, Azuay, El Oro, Sucumbíos y Zamora Chinchipe. Casos emblemáticos como Buenos Aires (Imbabura), Zaruma (El Oro), Yutzupino (Napo), el Parque Nacional Podocarpus y el Parque Nacional Yasuní evidencian el impacto territorial y ambiental. En Buenos Aires, la presencia de estructuras criminales y extorsión organizada obligó a múltiples operativos militares desde 2019. En Zaruma, los socavones de 2016, 2017 y 2021 provocaron desplazamientos y estados de excepción.

El problema no se limita a la extracción. La falta de trazabilidad permite que el oro ilegal ingrese al circuito formal a través de plantas de beneficio que no verifican origen ni volúmenes procesados. Investigaciones periodísticas citadas en el documento revelan redes de “empresas fantasma” que habrían exportado USD 500 millones en oro en menos de tres años hacia India y Emiratos Árabes Unidos, mercados señalados como de bajo control.

El uso de mercurio, proveniente en gran parte del contrabando, agrava el daño ambiental: un gramo puede contaminar entre 80.000 y 200.000 litros de agua. Además, las cifras judiciales muestran una brecha entre denuncias y sanciones: más de 1.100 investigaciones desde el 2021 frente a apenas 32 sentencias, lo que refleja altos niveles de impunidad.

El documento también identifica nudos críticos: ausencia de una base centralizada de trazabilidad del oro, falta de coordinación entre instituciones como SRI, Banco Central, Aduanas y UAFE, debilidades logísticas para destrucción de maquinaria y control fronterizo limitado.

La Cámara de Minería subraya que la minería industrial formal opera bajo licencia ambiental, no utiliza mercurio y cumple estándares nacionales e internacionales, diferenciándose de la extracción ilícita que financia estructuras criminales y genera pasivos ambientales severos. 

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