La expansión de la minería ilegal continúa elevando los riesgos para la conservación de la Amazonía ecuatoriana, donde guardaparques enfrentan amenazas de grupos armados que operan en zonas protegidas dedicadas a la extracción ilícita de oro.
De acuerdo con información del Ministerio de Defensa, y en un artículo de investigacion de El País, al menos nueve áreas protegidas del país presentan actividades de minería ilegal, siete de ellas ubicadas en la Amazonía. Sin embargo, especialistas y organizaciones ambientales sostienen que la dimensión del problema podría ser mayor debido a la dificultad para controlar territorios remotos.
Uno de los casos más preocupantes se registra en el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, donde guardaparques denunciaron haber sido interceptados por hombres armados durante patrullajes. Según sus testimonios, los atacantes les retiraron equipos de comunicación y aseguraron brindar protección a campamentos de minería ilegal.
El Ministerio de Defensa ha identificado la presencia de estructuras criminales como Los Lobos, Los Choneros, Los Galarza y Los Sao Box, además de disidencias de grupos armados colombianos que han encontrado en la extracción ilegal de oro una fuente de financiamiento. La expansión de estas organizaciones quedó en evidencia en mayo de 2025, cuando once militares ecuatorianos murieron durante un operativo contra la minería ilegal en la zona de Alto Punino, cerca de la frontera con Colombia.
El impacto también se refleja en otras áreas protegidas. Un monitoreo de la Fundación Ecociencia determinó que la superficie afectada por minería ilegal en el Parque Nacional Podocarpus aumentó un 125 % entre 2023 y 2024, mientras que en el Parque Nacional Yasuní se han reportado campamentos, maquinaria pesada y combustible dentro de sectores de alta biodiversidad.
Especialistas consultados por diversos medios coinciden en que los 598 guardaparques del país carecen de facultades para enfrentar a organizaciones armadas o decomisar maquinaria pesada, responsabilidades que recaen en las fuerzas de seguridad. También advierten que la limitada presencia estatal en zonas amazónicas ha favorecido el avance de economías ilegales vinculadas a la minería y al crimen organizado.
