Noboa perfila una nueva Constitución que atraiga inversiones

La Constitución de 2008 estableció un marco restrictivo para la participación privada en sectores estratégicos

El presidente Daniel Noboa fue entrevistado por CNN la semana pasada / cortesía Presidencia

Quito- En una entrevista con CNN en Latacunga, el presidente Daniel Noboa defendió la convocatoria a una Asamblea Constituyente como el camino para “reformar la Constitución de tal forma… para la realidad de hoy”. Aseguró que aceptará el resultado del referéndum, pero adelantó los ejes que impulsaría si prospera la Constituyente: reglas claras y estables para atraer inversión extranjera, reformas de justicia “contundentes”, y un rediseño del sistema de salud y pensiones para que el IESS deje de ser prestador y se concentre en asegurar la sostenibilidad del régimen, mientras el Ministerio de Salud asume la provisión.

La Constitución de 2008 estableció un marco restrictivo para la participación privada en sectores considerados estratégicos, como los hidrocarburos, la minería, la electricidad y las telecomunicaciones. El artículo 313 define que estos sectores corresponden exclusivamente al Estado, que podrá delegar su gestión a empresas públicas o, de manera excepcional, a empresas mixtas con mayoría estatal.

Además, el artículo 316 prohíbe la privatización de los recursos naturales y limita las concesiones privadas a figuras de prestación de servicios bajo control público. Este diseño constitucional, inspirado en la lógica del “Estado planificador” de la década correísta, ha sido interpretado por inversionistas y analistas como un obstáculo para atraer capital extranjero, al restringir la seguridad jurídica y la participación directa de actores privados en proyectos de gran escala.

En el plano institucional, reiteró dos banderas que dice recoge un clamor ciudadano: reducir a 73 los asambleístas y eliminar el financiamiento estatal a partidos.

Noboa enmarca su visión económica en tres vectores: disciplina fiscal, seguridad para producir e inversión. Defendió la eliminación del subsidio al diésel y el esquema de bandas -que, dijo, llevaría el precio a $ 2,78 el 15 de diciembre y a $ 2,70 el 15 de febrero- junto con compensaciones “más parecidas a Lula que a Bukele” para mitigar la pobreza.

Recalcó que la política económica “la determina el Gobierno”, no la presión de protestas, y reivindicó haber protegido Quito y la actividad productiva durante el paro. Afirmó que septiembre registró un crecimiento de ventas de 13,2 % frente a un año antes y que el último trimestre será de “productividad y buenos resultados”, apoyado en medidas de liquidez como adelantar el décimo tercer sueldo para coincidir con Black Friday y Cyber Monday, invitando a banca y grandes empresas a replicarlo para “mover la economía”.

En seguridad -que vincula con clima de negocios- planteó cooperación con EE.UU. y no descartó ubicar bases conjuntas en puntos estratégicos, con Baltra como opción por su rol en control pesquero y del crimen. Políticamente, se autodefinió como “socialdemócrata moderado” y rechazó que su proyecto sea de “extrema derecha”. Según dijo, su agenda busca dar certezas al inversionista y al trabajador, y “orden” en justicia y servicios públicos, como pilar de una estrategia para crecer con reducción de pobreza y más empleo adecuado.

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