viernes, 31 de julio de 2026
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Noboa reforma la contratación pública e incorpora inteligencia artificial

La nueva normativa reorganiza los procesos de contratación prevé el uso de tecnologías para detectar riesgos e irregularidades

De acuerdo con el decreto, estas tecnologías servirán para identificar patrones de riesgo, posibles irregularidades e incumplimientos durante los procesos de contratación / Foto: cortesía

Quito- El Gobierno reformó el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública mediante el Decreto Ejecutivo 461, con el objetivo de modernizar los procesos de compras estatales y fortalecer los mecanismos de transparencia, control y eficiencia.

Entre los principales cambios figura la incorporación progresiva de herramientas de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, minería de datos y sistemas de alertas automatizadas en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

De acuerdo con el decreto, estas tecnologías servirán para identificar patrones de riesgo, posibles irregularidades e incumplimientos durante los procesos de contratación. No obstante, la normativa aclara que su uso tendrá un carácter técnico y de apoyo, sin reemplazar las decisiones administrativas sobre la adjudicación de contratos.

La reforma también incorpora las consultas preliminares al mercado, un mecanismo opcional que permitirá a las entidades públicas recopilar información técnica, comercial y económica antes de iniciar un proceso de contratación. Estos insumos podrán utilizarse para definir especificaciones, estimar presupuestos e identificar riesgos, especialmente en proyectos de mayor complejidad.

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Asimismo, el reglamento establece una nueva estructura para los procedimientos de contratación, que deberán desarrollarse en cinco etapas: preparatoria, precontractual, suscripción, ejecución contractual y evaluación posterior. Esta última fase evaluará los resultados alcanzados, la calidad del gasto y el impacto institucional de los contratos una vez concluidos.

En cuanto al Registro Único de Proveedores (RUP), los proveedores deberán actualizar cualquier modificación de su información en un plazo máximo de 10 días. El Sercop podrá suspender temporalmente a quienes incumplan esta obligación hasta que regularicen sus datos o atiendan los requerimientos de la entidad.

Otra de las disposiciones crea una contribución destinada a financiar la modernización tecnológica del sistema de contratación pública. En los contratos y órdenes de compra iguales o superiores a USD 1 millón, las entidades contratantes deberán retener el 0,4 % del valor neto de cada factura o planilla y transferir esos recursos al Sercop.

Según el decreto, estos fondos serán destinados al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la ciberseguridad, la interoperabilidad de sistemas y la implementación de soluciones digitales como almacenamiento en la nube, blockchain y herramientas de análisis de datos.