miércoles, 22 de julio de 2026
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Juicio a Inés Manzano entra en fase decisiva tras su defensa ante la Comisión de Fiscalización

La exministra de Energía rechazó las acusaciones por presunto incumplimiento de funciones en el caso Progen

Concluida la fase de comparecencias, la Comisión de Fiscalización iniciará el análisis de las pruebas y argumentos presentados / Foto: cortesía Inés Manzano

Quito- La exministra de Energía Inés Manzano compareció de forma virtual este martes ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para ejercer su defensa dentro del juicio político que enfrenta por presunto incumplimiento de funciones relacionado con la contratación de generación eléctrica durante la crisis energética de 2024.

Durante su intervención, Manzano sostuvo que asumió el cargo en un contexto de emergencia y rechazó que las decisiones adoptadas durante ese periodo puedan interpretarse como incumplimiento de sus obligaciones.

"No administré un ministerio en condiciones normales, sino en una emergencia energética", afirmó la exfuncionaria, quien también cuestionó que se utilice como argumento un memorando emitido mientras estuvo vigente la declaratoria de emergencia.

Manzano defendió además la estrategia jurídica implementada frente al contrato con la empresa Austral Technical Management (ATM) y aseguró que las acciones emprendidas permitieron a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) mantener la posibilidad de aplicar multas, terminar el contrato y ejecutar las garantías correspondientes. Añadió que, hasta el momento, la Contraloría no ha establecido responsabilidades económicas en su contra.

Durante su exposición también hizo referencia a antecedentes legislativos, al señalar que en administraciones anteriores se archivaron procesos similares contra exministros de Energía bajo el argumento de que un ministro no responde políticamente por actuaciones de terceros.

La defensa técnica de la exministra solicitó el archivo del juicio político. El abogado Ismael Quintana sostuvo que, durante la etapa probatoria, los legisladores interpelantes no presentaron evidencias que demuestren un incumplimiento de funciones o un perjuicio económico atribuible directamente a su defendida.

Por su parte, los asambleístas Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenin Barreto, impulsores del proceso, ratificaron sus acusaciones. Sostienen que Manzano tuvo responsabilidad política en la ejecución del contrato con ATM, empresa contratada para suministrar 48 generadores termoeléctricos, cuya operación no se concretó pese a desembolsos que, según los interpelantes, superaron los USD 71 millones.

Los legisladores consideran que las modificaciones al esquema de pagos facilitaron que gran parte del contrato se cancelara antes de verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas de la empresa.

Concluida la fase de comparecencias, la Comisión de Fiscalización iniciará el análisis de las pruebas y argumentos presentados. En un plazo de cinco días deberá aprobar un informe que recomendará al Pleno de la Asamblea continuar con el juicio político o disponer su archivo.