Noticias del Ecuador Medios Nacionales - 15 de Septiembre de 2022

Según el Código de la Democracia, una persona no puede candidatizarse a una elección popular cuando pierde sus derechos políticos y de participación. Esto sucede cuando el político tiene una sentencia ejecutoriada.

Por otro lado, si una persona tiene un proceso en investigación previa, ha sido llamado a juicio o incluso tiene sentencias de primera y segunda instancias, no tiene impedimento de candidatizarse.

La desaparición de la abogada María Belén Bernal ha causado conmoción en Quito y varias entidades despliegan acciones para dar con su paradero. Lo último que se supo de ella fue que estuvo en la Escuela Superior de Policía, localizada en el sector de Pusuquí, extremo norte de la capital.

Se han ejecutado varios allanamientos para encontrarla. A través de la cuenta de Twitter, la Fiscalía confirmó que se han realizado sobrevuelos y verificaciones en la Escuela Superior de Policía, así como quebradas aledañas. Se tomaron versiones y continúan con las diligencias para dar con el paradero de la mujer.

En entrevista para Ecuador Tv, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, indicó que están a la expectativa de lo que resuelva la Corte Constitucional (CC) en torno a las preguntas que forman parte de la ‘Consulta Ciudadana’ que impulsa el Ejecutivo.

El funcionario aseguró que, previo a presentar el cuestionario, se lo estructuró tomando en cuenta tres aspectos fundamentales, la pregunta como tal, el anexo y la fundamentación por lo que tienen en que serán aprobadas por la Corte.

Tras cuatro meses de diálogos, Petroecuador cerró la renegociación de las dos preventas de petróleo suscritas en 2011 y 2016 con Petrochina, que es subsidiaria de la petrolera estatal CNPC.

La renegociación implicó la firma de tres nuevos contratos entre ambas partes. Y hay tres elementos que se desprenden de estos acuerdos.

La corrupción en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS en Guayaquil impide que los afiliados reciban fármacos, accedan a cirugías o terapias.

La Fiscalía y la Contraloría han detectado que el problema se enquista en las cuatro fases del proceso de contratación pública. Son, al menos, ocho rutas de irregularidades, desde favorecer a proveedores no calificados hasta actas de entrega fraudulentas.