Nuevo decreto endurece penas contra minería ilegal en Perú

El Gobierno aprobó el Decreto Legislativo 1695 para ampliar sanciones y penalizar actividades conexas, aunque expertos señalan que no se abordan las causas profundas.

El Gobierno aprobó el Decreto Legislativo 1695 para ampliar sanciones y penalizar actividades conexas, aunque expertos señalan que no se abordan las causas profundas./ Foto: cortesía

El Ejecutivo peruano promulgó el Decreto Legislativo 1695 con el objetivo de reforzar la lucha contra la minería ilegal, una de las economías ilícitas más dañinas para el medio ambiente y la seguridad en el país. La norma, aprobada el 20 de enero de 2026, eleva las penas por minería ilegal y amplía el alcance del delito para incluir actividades conexas como el procesamiento, beneficio y el tráfico ilícito de minerales.

El decreto modifica varios artículos del Código Penal para reconocer explícitamente la minería ilegal como una forma de crimen organizado, lo que permite a fiscales y policías investigar con herramientas más amplias y, en teoría, perseguir mejor las redes criminales que operan detrás de esta actividad.

Sin embargo, organizaciones especializadas, como el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), advierten que el enfoque del decreto se centra principalmente en el aspecto penal y deja sin resolver los problemas estructurales que favorecen la expansión de la minería ilegal en diversas regiones del país. Entre estos desafíos se encuentran la ausencia de un sistema eficaz de trazabilidad de minerales y la falta de control institucional efectivo que permita identificar el origen de los recursos y las rutas por las cuales se movilizan.

Representantes de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Ambiental han subrayado que, sin mecanismos que permitan seguir el rastro del mineral desde su fuente hasta el punto de comercialización, la nueva sanción podría quedarse únicamente como un instrumento ejemplarizante, sin efecto disuasivo real. Además, alertan que la falta de datos e información accesible puede incluso alimentar prácticas de corrupción.

Otro aspecto crítico señalado por expertos es la limitada capacidad institucional para implementar la norma. Jueces, fiscales y procuradores enfrentan restricciones presupuestales y falta de personal especializado para aplicar eficazmente las nuevas disposiciones. El magistrado Juan Carlos Checkley ha destacado la necesidad de una capacitación más profunda, dado que la ampliación del delito implica conocer con detalle la legislación minera y sus reglamentos.

Finalmente, el OMI advirtió que la eficacia del decreto podría verse reducida si el Congreso continúa promoviendo la ampliación de procesos de formalización minera sin estrategias más integrales, lo que, a juicio de especialistas, ha debilitado los esfuerzos para frenar la minería ilegal. Según ellos, sin una combinación de mayor control administrativo, fiscalización efectiva, trazabilidad y voluntad política, el endurecimiento de penas seguirá siendo insuficiente para enfrentar esta amenaza estructural en el país.

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