Nuevo reglamento antilavado refuerza control financiero

La normativa busca fortalecer la prevención, detección y control de flujos ilícitos en un contexto marcado por el avance del crimen organizado

Entre los cambios más relevantes está la creación del Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos (Conclaft) / Foto: cortesía

Quito- El Gobierno de Ecuador puso en vigencia un nuevo Reglamento General contra el lavado de activos y el financiamiento de delitos, mediante el Decreto Ejecutivo 298, firmado por el presidente Daniel Noboa. La normativa busca fortalecer la prevención, detección y control de flujos ilícitos en un contexto marcado por el avance del crimen organizado y la presión internacional para cumplir estándares financieros.

El reglamento hace operativa la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos, vigente desde 2024, y alinea al país con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Entre los cambios más relevantes está la creación del Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos (Conclaft), un organismo encargado de articular a entidades financieras, organismos de control y agencias de seguridad para una respuesta interinstitucional más efectiva.

La normativa también fortalece a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que podrá inmovilizar fondos hasta por 72 horas en casos urgentes, como medida preventiva para evitar la fuga de recursos presuntamente ilícitos. Esta facultad no constituye una sanción penal, sino una acción administrativa de contención inmediata.

Además, se endurecen las obligaciones para bancos, cooperativas y otros sujetos obligados, que deberán aplicar controles más estrictos de debida diligencia, reforzar el principio de “conozca a su cliente” y reportar operaciones inusuales según niveles de riesgo por sector. El reglamento mantiene la prohibición de transacciones en efectivo desde los USD 10.000 y refuerza los controles sobre personas expuestas políticamente, sus familiares y colaboradores.

El Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan cerrar brechas históricas del sistema financiero, recuperar activos ilícitos y fortalecer la credibilidad internacional del país.

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