Parlamentarios de Ecuador, Colombia y Perú exigen cese de actividad petrolera en Amazonía

Las cifras de derrames relacionados con hidrocarburos acusaron un incremento “dramático” de 41,3 casos, entre 1997 y 2019, a 146, entre 2020 a mayo de 2023, lo que representa un aumento del 353 %.

Las cifras de derrames relacionados con hidrocarburos acusaron un incremento “dramático” de 41,3 casos, entre 1997 y 2019, a 146, entre 2020 a mayo de 2023, lo que representa un aumento del 353 %./ Foto: cortesía EFE

Lima, 5 ago (EFE).- Parlamentarios y líderes indígenas de Ecuador, Colombia y Perú se reunieron este martes en un foro en Lima contra la expansión de la actividad petrolera en la Amazonía, con el objetivo de “poner reglas claras para que el bioma de la Amazonía no dependa del vaivén de la política”, conforme manifestó uno de los representantes colombiano.

En el encuentro participaron la parlamentaria peruana Ruth Luque (Nuevo Perú), la ecuatoriana Cecilia Baltazar (Pachakutik) y el colombiano Juan Carlos Losada (Partido Liberal), así como portavoces de los pueblos indígenas amazónicos achuar y kichwa.

Ellos compartieron las distintas propuestas de ley en que recogen la prohibición de nuevas actividades petroleras en la Amazonía de sus respectivos países, así como el reconocimiento del valor ecológico y cultural de la región, la defensa de los derechos indígenas y la promoción de una transición energética justa y popular.

Con un discurso centrado en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), el parlamentario Juan Carlos Losada, integrante de la Cámara de los Representantes de Colombia, expresó en el encuentro la necesidad de la organización de impedir explorar y explotar la Amazonía.

Con la vista en la cumbre de presidentas de la OTCA, el próximo 22 de agosto en Bogotá, y la próxima cumbre mundial contra el cambio climático (COP30) solo dos meses y medio más tarde, el colombiano señaló la importancia de una propuesta conjunta por parte de los países presentes en el foro, participantes todos ellos de la OTCA, así como de la Red de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles.

"Creo que este es un momento histórico en el que la voz latinoamericana en el discurso internacional está en su punto más alto”, indicó el parlamentario, al añadir que, sin embargo, también podría ser “una de las últimas oportunidades”.

Pese a que los intereses de todos los países reunían la protección de la selva amazónica y las comunidades indígenas que lo constituyen, la visión de los distintos territorios variaba al tratarse del cese absoluto de la actividad petrolera.

"No estamos diciendo que se acabe la exploración y explotación de hidrocarburos, estamos diciendo que en la Amazonía no debería de haberlo”, matizó Losada.

Sin embargo, la congresista peruana Ruth Luque abogó por el cese completo de toda actividad petrolera, así como el inicio de un proceso de remediación para tratar los pasivos permanentes y persistentes que continúan generando derramas de petróleo en el Amazonas.

Las denuncias de Luque hacia el Gobierno incluyeron el crecimiento de economías ilícitas, el abandono absoluto de los derechos de los indígenas y el acceso a servicios sanitarios.

La asambleísta ecuatoriana Cecilia Baltazar defendió la protección de los espacios amazónicos y sostuvo que, si bien no tenían por qué cesar las actividades que ya estaban en marcha, no debían proponerse nuevas incursiones de hidrocarburos en la Amazonía.

“Avancen con los contratos vigentes”, expresó, “pero no planteen nada nuevo”.

Un incremento de derrames del 353 %

En el pasado reciente, entre 1997 y 2023, Perú sufrió hasta 1.460 derrames de petróleo, con más de la mitad de los casos (831) en la Amazonía, por donde discurre el principal oleoducto del país, que lleva el crudo extraído desde los pozos en la selva hasta el océano Pacífico, a través de la cordillera de los Andes.

Además, según registró el Grupo de Trabajo de Impactos de los Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), las cifras de derrames relacionados con hidrocarburos acusaron un incremento “dramático” de 41,3 casos, entre 1997 y 2019, a 146, entre 2020 a mayo de 2023, lo que representa un aumento del 353 %.

“Como en ese lugar se ha extraído, supuestamente las comunidades están bien implementadas en salud, educación, etc. gracias a los ingresos que generan, pero ha traído consecuencias letales”, explicó Robinson Sandi, presidente de la Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú-Ecuador (OPIKAFPE).

En palabras de Sandi, un estudio médico demostró, ya en 2016, la presencia de metales pesados en sangre en la población, y lamentó que sus denuncias fuesen criminalizadas y no atendidas por el Estado.EFE

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