Amazonía Perú
Perú: Comunidades indígenas apelan fallo que rechazó demanda contra Glencore
La demanda se presentó en 2019 contra el SENACE y la compañía Antapaccay
Los ministerios de Cultura y de Energía y Minas han informado que realizaron reuniones de consulta previa con 11 de las 13 comunidades indígenas / Foto: cortesía Glencore Perú
Lima- Dos comunidades indígenas de la región Cuzco, en el sureste de Perú, presentaron este miércoles una apelación a la sentencia que declaró infundada su demanda de amparo contra la minera Antapaccay, de la empresa Glencore, por haber excluido una consulta previa en la modificación del Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto de ampliación.
La Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Cuzco, con sede en Sicuani, realizó la audiencia de apelación en la que la defensa de las comunidades quechuas de Huini Coroccohuayco y Pacopata expuso sus argumentos en contra de la sentencia, en primera instancia, que rechazó su demanda de amparo contra la expansión de la mina de cobre a tajo abierto.
La demanda de las comunidades de la provincia de Espinar se presentó en 2019 contra el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y la compañía Antapaccay por omitir el derecho a la consulta previa, libre e informada en el procedimiento de aprobación de la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Antapaccay - Expansión Tintaya - Integración Coroccohuayco.
Los abogados explicaron que la omisión de la consulta previa constituye una vulneración de derechos colectivos amparados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre este proyecto de ampliación minera, los ministerios de Cultura y de Energía y Minas han informado que realizaron reuniones de consulta previa con 11 de las 13 comunidades indígenas, involucradas en el proyecto, en las cuales se excluyeron las comunidades demandantes.
La abogada de la comunidad de Pacopata, Maritza Quispe, declaró a la organización civil Cooperacción que "el Convenio 169 es claro: cada vez que el Estado emita medidas legislativas o administrativas que afecten a pueblos indígenas, debe realizar un proceso de consulta previa".
"Si el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) contiene los posibles daños, con más razón debe ser consultado", agregó Quispe.
Por su parte, la defensa de la comunidad de Huini Coroccohuayco, Ana Leyva, agregó que, en este caso, "el proyecto se expande sobre territorios comunales y eso implica pérdida de tierras de Pacopata al 100% y del 95% de Huini Coroccohuayco, desplazamiento y amenazas a la existencia misma de la comunidad".
"Todo eso debía debatirse y consultarse, y no se hizo", remarcó Leyva.
En tanto, la defensa de SENACE sostuvo que las resoluciones que aprueban los estudios de impacto ambiental no autorizan el inicio de actividades, ni afectan directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Descartó que esta entidad sea promotora de la consulta previa, una función que atribuyó al ministerio de Energía y Minas.
En el mismo sentido, el representante legal de Antapaccay afirmó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es solo un requisito previo y que "pretender lo contrario equivale a darle a la consulta el carácter de un derecho de veto, lo cual no es legalmente válido".
Las comunidades campesinas tienen la expectativa de que la Corte Superior de Justicia de Cuzco revoque la sentencia de primera instancia, declare fundada su demanda de amparo y anule los actos administrativos que aprobaron la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) sin realizar la consulta previa.EFE
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