Principales noticias de Ecuador hoy - 3 de febrero de 2026

Quito- El Gobierno Nacional disuso la suspensión total de las actividades mineras en la provincia de Napo y la restricción de operaciones en plantas de beneficio ubicadas en El Oro y Loja, como parte de una estrategia para fortalecer la protección ambiental y combatir la extracción ilícita de minerales.

La resolución fue emitida el 2 de febrero por el Ministerio de Ambiente y Energía, tras la presentación de informes técnicos que evidencian impactos negativos en ecosistemas sensibles y fuentes hídricas. Según la cartera de Estado, la medida responde a los principios de prevención y precaución ambiental, así 

Quito- El Gobierno de Ecuador colocó en enero de 2026 bonos de deuda externa por 4.000 millones de dólares, una operación que permitió aliviar las presiones inmediatas de pago y mejorar el perfil de vencimientos del país. Sin embargo, analistas coinciden en que la medida representa un alivio temporal y no soluciona los problemas estructurales de las finanzas públicas.

Parte de los recursos se destinó a la recompra de bonos que vencían en 2030 y 2035, lo que redujo obligaciones de corto plazo y permitió reorganizar el calendario de pagos. Según el Ministerio de Economía, la operación también generó una disminución del stock de deuda y evitó desembolsos cercanos a 698 millones de dólares en 2026.

Quito- Mientras proyectos en operación como Mirador y Fruta del Norte impulsan exportaciones, empleo e inversión, los proyectos estratégicos de inversión minera como Loma Larga y San Carlos Panantza permanecen suspendidos. En un contexto donde la minería de gran escala ha demostrado un aporte económico significativo al país, se evidencia una brecha entre la viabilidad técnica de los yacimientos y su aceptación social y territorial.

El proyecto Loma Larga, ubicado en la provincia del Azuay, presenta una sólida base geológica, metalúrgica y de ingeniería para una explotación subterránea de oro. Sin embargo, su avance se ha visto limitado principalmente por conflictos sociales asociados a la percepción de riesgo ambiental, especialmente en relación con la protección de los recursos hídricos que abastecen a la ciudad de Cuenca. El análisis muestra que la conflictividad no es exclusivamente técnica, sino comunicacional y relacional, lo que ha deteriorado la confianza entre la empresa, el Estado y las comunidades locales, a pesar de que los impactos ambientales identificados son técnicamente manejables.