Responsabilidad penal por uso de los aviones presidenciales

Para los auditores se desvirtuó la naturaleza de estas naves, que fueron definidas como presidenciales, según las regulaciones del Comando Conjunto de las FF.AA.

Foto: El Comercio

El uso de los aviones presidenciales, de Tame y Petroamazonas, entre enero del 2012 y el 24 de mayo del 2017, no pasaron el examen de la Contraloría, que envió un informe con responsabilidades penales a la Fiscalía.

De 214 vuelos al exterior efectuados por el Legacy 600 y el Falcon 7X, 29,4% fue del exmandatario Rafael Correa y el resto por otras autoridades.

Para los auditores se desvirtuó la naturaleza de estas naves, que fueron definidas como presidenciales, según las regulaciones del Comando Conjunto de las FF.AA.

Si bien Correa no era el custodio, el informe aclara que como máxima autoridad debía velar por la economía y su uso eficiente. Así que incumplió la Ley Orgánica del Servicio Público y el reglamento para la administración, utilización, manejo y control de bienes y existencias del sector público.

33 vuelos en las dos aeronaves administradas por el Grupo de Transporte Aéreo Especial (GTAE), otros 23 vuelos de Tame y dos de ‘Petro’ no fueron autorizados por la Presidencia. Se desconoce si fueron o no para actos oficiales y costaron USD 9,64 millones. 

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