Revelan mina de oro ilegal dentro de base militar en Colombia

Los mineros operan bajo el control del Clan del Golfo, el mayor grupo criminal del país, y a cullos cabecillas el Gobierno de Gustavo Petro había designado como gestores de paz.

Los mineros operan bajo el control del Clan del Golfo, considerado el mayor grupo criminal del país, y a cullos cabecillas el Gobierno de Gustavo Petro había designado como gestores de paz. / Foto: Cortesía New York Times

Bogotá – Una nueva revelación de The New York Times profundiza el escándalo sobre la minería ilegal en Colombia: el oro extraído por redes criminales no solo logra ingresar al mercado formal internacional, sino que incluso se produce dentro de instalaciones militares y termina en la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

El reportaje documenta cómo, en la mina La Mandinga, ubicada cerca del Batallón Rifles 31 en el noroeste colombiano, decenas de mineros operan bajo el control del Clan del Golfo, considerado el mayor grupo criminal del país. Lo más alarmante es que la explotación habría avanzado hasta el interior del perímetro militar, evidenciando una grave falla en el control territorial del Estado.

Imágenes satelitales y registros periodísticos muestran que la actividad minera se realizaba a pocos metros de instalaciones oficiales. Incluso, tras verificar la situación, el propio comandante del batallón ordenó la expulsión de los mineros, en medio de tensiones que incluyeron amenazas y enfrentamientos.

Daños ambientales de la minería ilegal

Según la investigación, el Clan del Golfo cobra cuotas mensuales a los mineros para permitir la extracción, generando una economía ilegal que financia actividades criminales. Además, el uso de mercurio en estos procesos está provocando graves daños ambientales, especialmente en ríos y ecosistemas estratégicos.

El informe también detalla cómo este oro logra “legalizarse” mediante documentación irregular en centros de compra locales, particularmente en zonas como Caucasia. A través de este mecanismo, el mineral se mezcla con oro legal, se funde y se exporta, perdiendo su trazabilidad.

Una vez en Estados Unidos, el oro llega a refinerías como Dillon Gage, donde se procesa junto con otros materiales. Este paso permite que el metal sea considerado legalmente como de origen estadounidense, pese a su procedencia ilícita.

El punto más crítico es que parte de este oro termina siendo adquirido para la producción de monedas oficiales, lo que ha generado cuestionamientos sobre los controles en la cadena de suministro. Tras las revelaciones, autoridades estadounidenses anunciaron revisiones a sus procesos de compra.

De criminales a gestores de paz.

Sin embargo, el caso adquiere una dimensión aún más compleja al cruzarse con la política de seguridad en Colombia. Durante los últimos años, el gobierno de Gustavo Petro incluyó a integrantes del Clan del Golfo dentro de su estrategia de “paz total”, otorgándoles en algunos casos la figura de “gestores de paz” para facilitar acercamientos y eventuales procesos de desmovilización.

Esta decisión permitió la suspensión temporal de órdenes de captura contra ciertos miembros del grupo, con el objetivo de reducir la violencia. No obstante, diversos sectores han advertido que estas estructuras han seguido fortaleciendo economías ilegales como la minería de oro.

En el caso del Clan del Golfo, su inclusión como actor dentro de estos procesos coincidió con un período en el que la organización consolidó su control sobre economías ilegales como la minería aurífera. Investigaciones como la de The New York Times evidencian que el oro se ha convertido en una de sus principales fuentes de financiamiento, incluso por encima del narcotráfico en algunas regiones.

Este caso muestra el fracaso de políticas del Gobierno Petro como la de la “paz total”, que han llevado a que los grupos ilegales se fortalezcan en Colombia en medio de unas debilidades institucionales, donde la minería ilegal supera incluso al narcotráfico como fuente de financiamiento para grupos armados.

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