sábado, 14 de noviembre de 2026
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Riesgos sociales y regulatorios frenan inversiones mineras en América Latina

Un análisis de Americas Market Intelligence calcula US$54.000 millones de impacto en la minería regional desde 2018

Los riesgos políticos, regulatorios, sociales y de seguridad han generado un impacto acumulado en la minería de América Latina / Foto: cortesía

La minería de América Latina acumula un impacto estimado en US$54.000 millones desde 2018 debido a riesgos sociales, regulatorios, políticos y de seguridad, según un análisis de Americas Market Intelligence (AMI). Del total, US$38.000 millones corresponden a pérdidas documentadas y US$16.000 millones a capital congelado o proyectos que permanecen detenidos.

El análisis recoge casos como Las Bambas, en Perú; Cobre Panamá, en Panamá; y Buriticá y Quebradona, en Colombia. Los conflictos con comunidades, cambios regulatorios, problemas de seguridad y dificultades para obtener permisos han afectado la continuidad de operaciones y nuevas inversiones.

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Ecuador también enfrenta proyectos detenidos

Ecuador también registra proyectos mineros afectados por este tipo de factores. Uno de los principales casos es San Carlos Panantza, en Morona Santiago, cuyas concesiones permanecen suspendidas por impedimentos relacionados con comunidades. El proyecto contempla una inversión estimada de US$3.032 millones, aunque hasta 2025 había ejecutado alrededor de US$37 millones, según información del Banco Central del Ecuador.

Otro caso es Loma Larga, en Azuay, proyecto de oro, plata y cobre que contempla una inversión cercana a US$419 millones. Su desarrollo ha estado marcado por oposición comunitaria, procesos judiciales y cuestionamientos relacionados con las fuentes de agua de Quimsacocha. En 2025 se produjo la revocatoria de su licencia ambiental.

En Imbabura, Cascabel representa una inversión prevista de unos US$4.209 millones. El proyecto continúa en desarrollo, aunque su contrato de explotación ha sido objeto de revisión por parte del Gobierno.

Estos casos reflejan uno de los principales desafíos para la minería ecuatoriana: convertir el potencial de sus yacimientos en inversiones efectivas en un escenario marcado por conflictos sociales, exigencias ambientales, incertidumbre regulatoria y problemas de seguridad.