Tráfico de fauna en América Latina se consolida como crimen organizado transnacional

Redes ilegales que operan en varios países, incluido Ecuador, impulsan la caza y comercio de especies como jaguares y tiburones

En Ecuador, el problema tiene expresiones tanto en la Amazonía como en zonas marinas / Foto: cortesía MAATE Zonal 8

Quito- El tráfico ilegal de fauna silvestre ha dejado de ser una actividad aislada para convertirse en parte de redes de crimen organizado transnacional en América Latina, según un análisis reciente que advierte sobre su vínculo con otras economías ilícitas, como el narcotráfico.

Entre 2017 y 2022 se documentaron al menos 1.945 casos de captura y caza ilegal en la región, con impactos significativos en la biodiversidad. Países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia concentran operaciones que incluyen la caza de especies como el jaguar y el puma, principalmente para el comercio de colmillos y pieles, así como la captura de anfibios y reptiles vivos.

En Ecuador, el problema tiene expresiones tanto en la Amazonía como en zonas marinas. En la región amazónica, la caza ilegal se entrelaza con actividades extractivas y redes criminales, afectando directamente a comunidades indígenas y territorios locales.

En el ámbito marino, la presión sobre especies es igualmente crítica. En la Reserva Marina de Galápagos, considerada uno de los santuarios más importantes del mundo, las exportaciones de aletas de tiburón hacia Asia se triplicaron en 2021, alcanzando 223 toneladas. Expertos señalan que vacíos legales permiten encubrir capturas bajo la figura de pesca incidental, facilitando el comercio ilegal.

Impacto y vacíos legales

El tráfico de fauna no solo amenaza especies emblemáticas, sino que también deteriora ecosistemas completos. Fuera de áreas protegidas, la supervivencia de muchas especies disminuye de forma significativa debido a la falta de controles efectivos.

El informe advierte que las redes ilegales aprovechan rutas internacionales y sistemas de corrupción para operar a gran escala, especialmente en el Pacífico sur, lo que dificulta su control por parte de los Estados.

Respuesta internacional

Frente a este escenario, se plantean herramientas legales internacionales para enfrentar el problema. Entre ellas, el acuerdo sobre biodiversidad en aguas internacionales (BBNJ), que propone la creación de áreas marinas protegidas fuera de jurisdicciones nacionales, evaluaciones ambientales obligatorias y mayor protección de especies migratorias.

Ecuador ha tenido precedentes en la aplicación de medidas de control, como la captura de un buque pesquero extranjero dentro de la zona de Galápagos, lo que permitió reforzar inspecciones en su zona económica exclusiva.

Además, el país reconoce en su Constitución a la naturaleza como sujeto de derechos, lo que amplía el marco legal para la protección ambiental y abre la puerta a acciones más amplias frente al tráfico ilegal.

Un problema estructural

El análisis plantea que enfrentar el tráfico de fauna requiere cooperación internacional más allá de las fronteras, así como nuevas aproximaciones legales. Entre ellas, surge el concepto de “nacionalidad ecológica”, que propone que especies endémicas o migratorias reciban protección reforzada por parte de los Estados, incluso fuera de su territorio.

En este contexto, la defensa de especies como jaguares, tortugas y tiburones no solo responde a criterios ambientales, sino también a la necesidad de preservar la biodiversidad como parte del patrimonio común y la seguridad ecológica global.

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