2 proyectos mineros podrían avanzar tras sentencia de la Corte Constitucional

“La sentencia es positiva para el sector minero”, según Andrés Ycaza

“La sentencia es positiva para el sector minero”, según Andrés Ycaza/ Foto: El Oriente

La decisión de la Corte Constitucional de Ecuador de mantener vigente provisionalmente un decreto que regula la consulta ambiental, hasta que se expida una ley específica, puede abrir la puerta para el avance de dos proyectos mineros: el de oro y plata Curipamba, de Adventus Mining y Salazar Resources, y el polimetálico La Plata, de Atico Mining.

Tanto Curipamba como La Plata requieren la consulta ambiental, paso previo para obtener la licencia ambiental que les permitirá iniciar la construcción de las respectivas minas.

Expertos consideran que, tras la decisión de la Corte, el Ministerio de Ambiente debiera continuar con los procesos de consulta previa que había iniciado para los dos proyectos.

En el caso de Curipamba, el proceso se inició en junio con la fase informativa, pero la segunda etapa se bloqueó tras la suspensión del decreto de Lasso.

El proceso de consulta para La Plata también se había iniciado, pero no logró mayor avance pues fue interrumpido por incidentes ocasionados por activistas.

“Es sano que la Corte haya dejado un régimen transitorio, pues permitirá evacuar todos los procesos represados (cerca de 190 de diversos sectores productivos). La sentencia trae algo de certidumbre y es positiva para el sector minero, ya que, con el mismo marco normativo, añadiendo otros estándares, hay luz verde para que puedan continuar los procesos de Curipamba y La Plata, sin tener que volver a empezar”, dijo el abogado experto en derecho minero, Andrés Ycaza.

Sin embargo, el camino para continuar los diferentes procesos no será fácil. Leonidas Iza, presidente de la Conaie, advirtió que “cualquier intención de avanzar con los procesos mineros debe iniciar desde cero”, pues, en caso contrario las organizaciones indígenas aplicarán en todo el país el derecho a la resistencia.

En el fallo de 117 páginas, el pasado 9 de noviembre, los jueces dijeron que la inconstitucionalidad del decreto de Lasso será diferida hasta que la Asamblea Nacional emita una ley que desarrolle el contenido de la consulta ambiental (hay plazo de un año) y ordenaron la expedición de una Ley de Consulta Previa para los pueblos ancestrales.