Arancel del 30 % de Ecuador golpea al sector automotor colombiano

Fabricantes, exportadores, distribuidores y empresas del mercado posventa enfrentarían mayores costos

Asopartes señala que el aumento arancelario difícilmente podrá ser absorbido por las compañías / Foto: cortesía

Bogotá- La decisión de Ecuador de aplicar un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia, que entrará en vigor el 1 de febrero, ha encendido las alarmas en el sector automotor colombiano. La medida altera de forma significativa el comercio bilateral y afecta a un amplio conjunto de productos, entre ellos vehículos, motocicletas, autopartes y repuestos.

Desde la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes) se advierte que el impacto no se concentra en un solo eslabón, sino que atraviesa toda la cadena automotriz. Fabricantes, exportadores, distribuidores y empresas del mercado posventa enfrentarían mayores costos para acceder al mercado ecuatoriano, uno de los principales destinos regionales de estos productos.

El gremio señala que el aumento arancelario difícilmente podrá ser absorbido por las compañías, lo que derivaría en incrementos de precios para los consumidores finales. Además, existe el riesgo de desabastecimiento de repuestos de alta rotación, fundamentales para el funcionamiento de talleres, centros de servicio y redes comerciales.

Otro de los efectos señalados es el posible crecimiento del comercio informal. Asopartes advierte que mayores barreras al intercambio legal suelen incentivar la entrada de piezas sin certificación, lo que puede comprometer la seguridad vial y la calidad del parque automotor.

El contexto económico amplifica la preocupación. El sector de autopartes en Colombia tiene un peso relevante en empleo y exportaciones, con fuerte participación de pequeñas y medianas empresas. Según cifras oficiales, las ventas externas del sector superaron los 222 millones de dólares en 2025, lo que evidencia su dependencia de los mercados vecinos.

Ante este panorama, el gremio hizo un llamado a los gobiernos de Colombia y Ecuador para abrir canales de diálogo técnico y diplomático que permitan revisar la medida y proteger la estabilidad del comercio bilateral.

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