Carreteras ilegales, coca y ganadería aceleran la devastación de la Amazonía colombiana

Entre abril de 2024 y marzo de 2025 se habrían deforestado alrededor de 56.719 hectáreas

Entre abril de 2024 y marzo de 2025 se habrían deforestado alrededor de 56.719 hectáreas/ Foto: cortesía

Bogotá – La Amazonía colombiana perdió 56.719 hectáreas de bosque entre abril de 2024 y marzo de 2025, en un proceso acelerado por la expansión de carreteras, legales e ilegales, que están facilitando la ocupación del territorio y la transformación de selva en potreros y cultivos ilícitos.

Un sobrevuelo por el arco noreste, que abarca zonas de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta, muestra un patrón repetido: franjas de tala conectadas por caminos recientes, humo de quemas activas y nuevas áreas abiertas cerca de ecosistemas estratégicos como la serranía de La Macarena y parques nacionales como Tinigua y Chiribiquete.

El crecimiento de la infraestructura vial confirma esa tendencia. Entre 2018 y 2025 la malla vial aumentó 8.018 kilómetros, de los cuales 1.460 km fueron abiertos solo en el último año. Según el reporte citado por especialistas, el 90% de la deforestación registrada en el último año ocurrió a menos de 1,9 kilómetros de una carretera, lo que evidencia la relación directa entre vías y pérdida de bosque.

Cultivos ilícitos, ganadería y deforestación

El informe documenta además que en esta zona amazónica se concentran 3,24 millones de cabezas ganado (11,4% del total nacional) y el hato creció 86,1% (2017–2024). De cada 10 hectáreas deforestadas, 8,3 pasan a pasturas, 1,5 a coca y 0,2 a vías ilegales.

También, para 2023, la Amazonía concentraba el 25,6 % de las hectáreas de coca del país, y en los municipios del arco noroeste el área cultivada aumentó 88,9 % entre 2019 y 2023.

El factor seguridad

La crisis ambiental no puede entenderse aislada del contexto de seguridad. En varios municipios, alejados de los centro de poder, operan organizaciones armadas ilegales, incluidas disidencias de las antiguas FARC, además de otras facciones que se disputan corredores estratégicos para tráfico de drogas, minería ilegal y otras economías ilícitas.

Este entramado reduce la capacidad de control estatal y complica tanto la vigilancia ambiental como la implementación de alternativas productivas sostenibles, mientras crecen las brechas sociales y la pobreza multidimensional en territorios históricamente periféricos.

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