Cientos de personas marcharon en apoyo a las consultas ambientales

176 procesos estaban listos para arrancar, según el MAATE

176 procesos estaban listos para arrancar, según el MAATE / Foto: cortesía Cámara de Minería del Ecuador

A la voz de “sin consulta no hay futuro, sin consulta no hay trabajo”, cientos de personas de varias provincias y diversos gremios productivos marcharon ayer, 6 de septiembre, hacia la Corte Constitucional (CC) en Quito. Solicitan que esta revea la decisión de suspender la consulta ambiental que se llevaba adelante en sus zonas.

El 1 de agosto, la CC admitió el trámite de la acción de inconstitucionalidad presentada en contra del Decreto Ejecutivo No. 754 y dispuso su suspensión.

En la CC, Nathaly Mesa, habitante del cantón Las Naves de la provincia de Bolívar, entregó un Amicus Curiae. Solicitan que se continúe con las consultas ambientales que se estaban llevando a cabo.

“Queremos que la corte nos escuche, porque quienes estamos aquí somos los verdaderos pobladores de la parroquia Palo Quemado. Queremos que se respete nuestro derecho a la consulta ambiental”, aseguró Johana Zambrano, de la comunidad de Palo Quemado de la provincia de Cotopaxi.

María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), señaló que “la determinación de la Corte Constitucional genera graves consecuencias para todos los sectores productivos, no solamente para el minero”.

Además, manifestó que, si bien esta suspensión es temporal, hay que tomar en cuenta que desde 2021 no se emiten licencias ambientales y no sabemos por cuánto tiempo continuará esta inacción.

Al haberse suspendido los efectos de la norma que regula el procedimiento para llevar a cabo la consulta ambiental se dejó sin sustento las consultas que se estaban llevando a cabo por parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y la consulta ambiental se ha hecho inaplicable en el Ecuador.

Según el MAATE, existen 176 procesos de consultas ambientales que estaban listos para arrancar y obtener las autorizaciones y posterior inicio de sus actividades productivas, entre los cuales se encuentran: proyectos de tipo extractivo, de salud, turísticos, de generación eléctrica, plantas de tratamiento de agua, de gestión de desechos, entre otros. Se estima que esta paralización podría representar una afectación -a corto plazo- de más de $ 2 mil millones.