Deuda de Finanzas con empresas públicas supera los USD 1.000 millones por uso de liquidez estatal

La mayor parte de la deuda corresponde a Petroecuador, con más de USD 800 millones pendientes

Expertos advierten que el uso prolongado de estos mecanismos puede afectar la ejecución presupuestaria de las empresas públicas / Foto: cortesía Petróleos de América

Quito- El Ministerio de Finanzas mantiene una deuda de más de USD 1.000 millones con varias empresas públicas, producto del uso recurrente de recursos a través de mecanismos de liquidez para cubrir necesidades fiscales.

Según datos oficiales, hasta inicios de marzo de 2026 el saldo pendiente asciende a USD 1.008,7 millones. Estos fondos provienen de convenios que permiten al Estado utilizar temporalmente dinero de entidades como Petroecuador, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) o CNEL, bajo el argumento de que se trata de recursos no utilizados en ese momento.

Este sistema, vigente desde 2010, funciona como una especie de financiamiento interno: cuando el Estado enfrenta falta de liquidez, recurre a los fondos disponibles de empresas públicas con el compromiso de devolverlos posteriormente. Sin embargo, en la práctica, los pagos no siempre se realizan en los plazos previstos, lo que ha generado acumulación de deuda.

Aunque en 2025 el Gobierno logró reducir parcialmente el monto pendiente mediante devoluciones superiores a los recursos tomados ese año, la obligación sigue siendo significativa. En lo que va de 2026, Finanzas ha continuado realizando pagos, pero el saldo aún se mantiene elevado.

La mayor parte de la deuda corresponde a Petroecuador, con más de USD 800 millones pendientes. Esta situación ha tenido impactos en la capacidad de inversión de la empresa, especialmente en áreas como exploración y producción.

Expertos advierten que el uso prolongado de estos mecanismos puede afectar la ejecución presupuestaria de las empresas públicas, limitando su operatividad y capacidad de respuesta en sectores estratégicos como energía y petróleo.

El manejo de estos convenios continúa siendo un tema clave dentro de las finanzas públicas, en medio de las presiones fiscales que enfrenta el Estado.

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