Ecuador busca desmantelar el Estado empresario con liberación de combustibles

El ministro ecuatoriano de Energía, René Ortiz, aseguró que el decreto que libera la importación de combustibles y el proyecto que prevé delegar la mayor refinería del país al sector privado, son pasos para "desmantelar el Estado empresario".

Ecuador busca desmantelar el Estado empresario con liberación de combustibles / Foto: EFE

El ministro ecuatoriano de Energía, René Ortiz, aseguró que el decreto que libera la importación de combustibles y el proyecto que prevé delegar la mayor refinería del país al sector privado, son pasos para "desmantelar el Estado empresario".

El Ejecutivo, del presidente Lenín Moreno, ha emprendido un proceso de "desmantelación del Estado empresario", de "desmonopolización del mercado de la refinación" y del comercio de combustibles, como una estrategia de "alivio fiscal", señaló a Efe Ortiz.

Con ello, justificó el decreto 1158, anunciado el pasado viernes, que libera la importación de combustibles, pese a que su anuncio ya generó unas primeras protestas de sectores sociales que temen que un proceso de privatización de la energía termine por perjudicar a los ciudadanos.

Para Ortiz, la pandemia del coronavirus desnudó los graves problemas de caja fiscal, pero también múltiples defectos en el manejo estatal de los llamados sectores estratégicos (electricidad, minería y petróleo).

El ministro partió de la base que Ecuador, que es un exportador de crudo (con unos 530.000 barriles diarios de producción), tiene una escasa capacidad de refinación y se ve obligado a importar derivados para atender la demanda interna.

Por ello, indicó que se necesita "un camino de alivio fiscal", por el cual se dejen de usar las arcas estatales para importar combustibles que necesita el mercado interno y que supone una fuerte presión financiera.

Ortiz mencionó que la pandemia del coronavirus, a su juicio, también desnudó que los sectores estratégicos del país ya no son la electricidad, el petróleo o la minería, sino que ha tomado ese lugar la salud.

El 68 por ciento de todas las naftas de alto octanaje que se usan en el país para elaborar las gasolinas de consumo interno, así como el 80 por ciento del diesel, son importadas, precisó el ministro.

Además, negó que en Ecuador haya sido el Estado un ente regulador, sino que ha habido un "monopolio estatal" que no permitía una competencia.

Precisó que la liberalización de la importación de los combustibles, de momento, respetará que la estatal Petroecuador mantenga la oferta de las gasolinas "extra" y "ecopaís", que se producen en las refinerías nacionales para el mercado interno.

"Petroecuador sigue teniendo su sistema, esa gasolina está regulada, va a subir gradualmente hasta que se alineen con los precios internacionales", añadió Ortiz al recordar que desde julio pasado rige en el país una norma de franja de precios, que permite que se ajusten los valores en un 5 por ciento mensual, lo que representa hasta un 60 por ciento en términos anuales.

Además, remarcó que "el Estado no pierde su capacidad reguladora" y que, más bien, ahora va poder ejercer ese rol con la liberalización a la importación de derivados.

"Auguremos que esto funcione, porque si el sector privado no tiene una regulación fuerte, es sujeto de entrar en una práctica de libertinaje" que podría perjudicar al consumidor final y es, por ello, que se requiere que el agente regulador sea fuerte, añadió.

Ortiz dijo estar consciente de que el proceso podría generar cierta reacción social, aunque dijo que, según su visión, "no tiene por qué reaccionar la gente; tiene que tomarlo con tranquilidad", ya que "no altera el estatus quo: Los precios no han cambiado".

El pasado viernes, el Gobierno anunció el llamado "decreto 1158" que permite la liberalización de la importación de combustibles para el sector privado y aseguró que la medida no afectará al precio del gas de uso doméstico.

En octubre pasado, un decreto del Gobierno para eliminar los subsidios (ayudas estatales) a los precios de los combustibles, derivó en un levantamiento popular de grandes proporciones, que concluyó cuando el presidente Moreno derogó la medida.

Grupos sindicales, indígena y otros sectores sociales de Ecuador se han opuesto a la estrategia del Gobierno y han anunciado que convocarán a nuevas protestas.