Ecuador retoma la vía de los tratados de inversión tras cambio de criterio constitucional

El nuevo escenario permite al Estado recuperar una herramienta clave para atraer capital extranjero

El país busca mejorar su competitividad frente a otros destinos de inversión / Foto: cortesía

Quito- Un reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional del Ecuador marca un punto de inflexión en la política económica del país: Ecuador vuelve a tener margen legal para suscribir Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), instrumentos que habían sido desmantelados durante el gobierno de Rafael Correa.

El dictamen emitido el 30 de marzo de 2026 redefine el alcance del artículo 422 de la Constitución, una de las disposiciones más debatidas en materia de arbitraje internacional. La nueva interpretación aclara que la prohibición de ceder jurisdicción soberana se limita a controversias contractuales y comerciales, y no se extiende automáticamente a disputas de inversión bajo tratados internacionales.

Este cambio corrige la lectura predominante que se consolidó años atrás, cuando la Corte interpretó de forma amplia dicha norma, lo que llevó en 2017 a la salida de Ecuador de múltiples acuerdos de inversión. En ese momento, el Ejecutivo argumentó que estos mecanismos exponían al país a litigios internacionales costosos y comprometían su soberanía.

Sin embargo, la decisión actual no elimina completamente las restricciones. El fallo establece condiciones claras: los tratados que se negocien deberán excluir de forma explícita las controversias contractuales o comerciales del arbitraje internacional. Esto implica que acuerdos como el suscrito con Emiratos Árabes Unidos deberán ser ajustados antes de su ratificación.

Primicias señala que el nuevo escenario permite al Estado recuperar una herramienta clave para atraer capital extranjero. Entre los efectos más relevantes está la posibilidad de ofrecer mecanismos de arbitraje internacional a inversionistas, incluyendo instancias como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, y de reincorporar capítulos de inversión en acuerdos comerciales.

El giro también refleja un cambio en la estrategia económica del país, que busca mejorar su competitividad frente a otros destinos de inversión. No obstante, el alcance real de esta apertura dependerá de cómo el Gobierno implemente los límites fijados por la Corte y de la capacidad de negociación en futuros acuerdos internacionales.

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