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Ecuador en las Noticias

Exfuncionarios son llamados a aclarar ‘robo’ de información a Villavicencio

09/09/2019 La Hora -

Villavicencio recuerda que durante el allanamiento a su domicilio se sustrajeron alrededor de 8 mil documentos producto de sus investigaciones

ACTIVISTA. Fernando Villavicencio ha denunciado casos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa Delgado. Foto: La Hora ACTIVISTA. Fernando Villavicencio ha denunciado casos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa Delgado. Foto: La Hora

ACTIVISTA. Fernando Villavicencio ha denunciado casos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa Delgado. Foto: La Hora

La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, dispuso la comparecencia de varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, a declarar en la indagación previa por el supuesto delito de robo de información de la casa de Fernando Villavicencio y de la oficina de Clever Jiménez, hecho ocurrido el 26 de diciembre de 2013.

Salazar dispuso el 6 de septiembre receptar la declaración de 13 personas de las 46 demandadas por Villavicencio, por el delito de robo calificado, el 22 de noviembre de 2018, según informó el mismo Villavicencio.

Entre los citados se encuentran José Serrano, Fernando Guarderas, Galo Chiriboga, Ricardo Patiño, Gabriela Ribadeneira, Jorge Glas, Alexis Mera, entre otros, quienes deberán rendir sus declaraciones entre el 23 y 26 de septiembre en la Unidad de Fuero de Corte Nacional Número 2, ubicada en el piso 19, de la Fiscalía General del Estado, en Quito.

Mientras que se dispuso que Glas rinda su versión en la cárcel de Latacunga, cumpliendo una sentencia de seis años de prisión por el delito de asociación ilícita; en tanto que las declaraciones de Mera las recibirá en su domicilio un delegado de la Fiscalía de Guayaquil, debido a que permanece en arresto domiciliario enfrentado acusaciones por delito de concusión (sobornos).

Villavicencio recuerda que durante el allanamiento a su domicilio se sustrajeron alrededor de 8 mil documentos producto de sus investigaciones. Se trató de “un robo estatal”, porque no se justificó el allanamiento que se realizó al domicilio en 2013, aseguró el activista político.

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