Minería ilegal y narcotráfico consolidan una red criminal en la Amazonía peruana

Un informe alerta que ambas economías ilícitas operan de forma integrada y amenazan a comunidades indígenas, ecosistemas amazónicos y la seguridad regional.

Un informe alerta que ambas economías ilícitas operan de forma integrada y amenazan a comunidades indígenas, ecosistemas amazónicos y la seguridad regional./ Foto: archivo

La minería ilegal y el narcotráfico han dejado de operar como actividades separadas en la Amazonía peruana y se han convertido en una estructura criminal integrada con creciente influencia territorial y económica. Así lo revela un informe presentado en Lima por la organización Amazon Watch junto a organizaciones indígenas amazónicas, que advierte sobre el fortalecimiento de redes ilícitas en amplias zonas de la selva peruana.

El estudio señala que ambas actividades han desarrollado una relación de dependencia mutua. Los recursos generados por el narcotráfico financian operaciones extractivas ilegales en zonas remotas, mientras que el oro extraído ilegalmente es utilizado como mecanismo para el lavado de dinero procedente del comercio de drogas. Los investigadores describen este fenómeno como una forma de “narcocapitalismo” que se expande aprovechando la débil presencia del Estado en regiones amazónicas.

Según el informe, entre 2014 y 2024 las economías ilegales movilizaron más de 13.300 millones de dólares en Perú. De ese total, la minería ilegal habría generado alrededor de 7.800 millones de dólares, superando incluso los ingresos vinculados al tráfico de drogas. Las zonas más afectadas incluyen corredores estratégicos como Ucayali-Huánuco, la Cordillera del Cóndor, la Triple Frontera entre Perú, Brasil y Colombia, así como la región de Madre de Dios.

La investigación también advierte sobre la presencia de organizaciones criminales transnacionales interesadas en fortalecer sus operaciones en territorio peruano. Entre ellas se mencionan disidencias de las FARC, el grupo brasileño Comando Vermelho y el Primer Comando da Capital, que buscarían ampliar rutas para el tráfico de drogas y minerales hacia mercados internacionales.

Uno de los principales impactos de esta expansión se registra en los territorios indígenas. El documento reporta que en 2024 se identificaron más de 12.200 hectáreas de cultivos de coca dentro de comunidades nativas tituladas, una cifra que representa un incremento del 147 % respecto a 2018. Además, más de 3,3 millones de hectáreas de territorios indígenas se superponen con áreas vinculadas a la actividad cocalera.

La presión de las economías ilegales también ha provocado graves daños ambientales. El informe estima que la minería ilegal ha causado la deforestación de más de 47.000 hectáreas de bosque amazónico y ha incrementado la contaminación por mercurio en diversas comunidades. Paralelamente, líderes indígenas enfrentan mayores riesgos de violencia debido a conflictos territoriales relacionados con estas actividades.

Frente a este escenario, organizaciones indígenas han impulsado sistemas de vigilancia y protección comunitaria para monitorear sus territorios y alertar sobre el ingreso de actores vinculados a actividades ilícitas. Los autores del informe recomiendan fortalecer la presencia estatal, mejorar los mecanismos de trazabilidad del oro, acelerar la titulación de territorios indígenas y reforzar la cooperación con las comunidades amazónicas para contener el avance del crimen organizado en la región.

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