Minería
Organizaciones indígenas piden cierre técnico y remediación en Río Blanco
Yaku Pérez agregó que corresponde al Ministerio del Ambiente ejecutar el plan de cierre técnico de minas
El proyecto Río Blanco estuvo operado por la empresa china Junefield Ecuagoldmining South America S.A. / Foto: cortesía
Representantes de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y comuneros de San Felipe de Molleturo se pronunciaron este 27 de mayo de 2026 en Cuenca para exigir el cumplimiento de la fase de reparación integral tras la sentencia de la Corte Constitucional (CC) sobre el proyecto minero Río Blanco.
La resolución 2546-18-EP/26 ratificó las decisiones judiciales previas que suspendieron las actividades del proyecto minero por vulneraciones al derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas.
El origen del proceso judicial se remonta a mayo de 2018, cuando la FOA y otras organizaciones sociales presentaron una demanda en contra de las actividades extractivas desarrolladas en la concesión Río Blanco. Ese mismo año, la Unidad Judicial Civil y Mercantil de Cuenca determinó la existencia de vulneraciones constitucionales y ordenó la suspensión de las operaciones, además de la realización de la consulta previa y la desmilitarización progresiva de la zona.
El pasado 4 de mayo, el Pleno de la Corte Constitucional desestimó la acción extraordinaria de protección presentada por el Ministerio de Energía y la Procuraduría General del Estado contra las sentencias de primera y segunda instancia.
Carlos Morales, presidente de la Comuna San Felipe de Molleturo, afirmó que la decisión representa el cierre definitivo del proyecto minero.
Morales sostuvo que el conflicto alrededor de Río Blanco se extendió por más de tres décadas y destacó que la suspensión fue resultado de la movilización social y de las acciones legales impulsadas por las comunidades.
Por su parte, el abogado y coordinador de la FOA, Yaku Pérez, indicó que la sentencia abre ahora una nueva etapa centrada en la reparación ambiental y social de las comunidades afectadas.
El proyecto Río Blanco estuvo operado por la empresa china Junefield Ecuagoldmining South America S.A. y se convirtió en uno de los principales focos de conflicto minero en el Azuay durante los últimos años.
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