Perú autoriza inicio de explotación minera en proyecto Tía María

El Gobierno da luz verde a la primera etapa del proyecto cuprífero en Arequipa, tras verificar requisitos técnicos, ambientales y legales.

El Gobierno da luz verde a la primera etapa del proyecto cuprífero en Arequipa, tras verificar requisitos técnicos, ambientales y legales./ Foto: cortesía

El Ministerio de Energía y Minas del Perú autorizó el inicio de la primera etapa de explotación del proyecto minero Tía María, ubicado en la región Arequipa, marcando un nuevo avance en una de las iniciativas cupríferas más emblemáticas y controversiales del país.

La autorización fue oficializada mediante la Resolución Directoral N.º 0194-2026-MINEM/DGM, emitida el 17 de abril, luego de que la autoridad confirmara el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento de Procedimientos Mineros.

Con esta medida, la empresa Southern Perú Copper Corporation queda habilitada para iniciar operaciones en el tajo La Tapada, ubicado en la provincia de Islay, lo que constituye la primera fase de desarrollo del proyecto.

De acuerdo con la resolución, la compañía presentó la documentación técnica requerida, incluyendo la acreditación de propiedad de los terrenos, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y la certificación ambiental sustentada en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado previamente.

Asimismo, el Ministerio determinó que no corresponde aplicar un proceso de consulta previa, al no identificarse la presencia de pueblos indígenas u originarios en el área de influencia directa del proyecto, conforme a la normativa vigente.

La autorización se produce en un contexto reciente de revisiones administrativas, luego de que una resolución anterior fuera anulada y se solicitara una nueva evaluación técnica del proyecto.

Tía María es un proyecto de cobre clave para el sur del Perú y ha estado marcado por años de debate social y político. Su reactivación podría tener impactos relevantes en la inversión minera y en la dinámica económica regional, aunque también reabre el desafío de gestionar el diálogo social y garantizar estándares ambientales en su desarrollo.

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