Perú enfrenta minería ilegal en todas sus regiones

La minería ilegal está presente en todas las regiones del Perú. El panorama es más crítico en zonas como Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali, Huánuco, Pataz (La Libertad) y Puno.

La minería ilegal está presente en todas las regiones del Perú. El panorama es más crítico en zonas como Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali, Huánuco, Pataz (La Libertad) y Puno./ Foto: cortesía

Lima – La minería ilegal continúa consolidándose como una de las principales amenazas ambientales y sociales del país, afirmó Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de esta actividad dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en una reciente entrevista con Tv Perú.

Según García Esquerre, esta práctica ilícita no solo degrada ecosistemas clave como la Amazonía, sino que también genera graves problemas sociales que afectan especialmente a comunidades nativas y trabajadores expuestos a condiciones de explotación y toxicidad por mercurio.

Un problema nacional con impacto regional

El comisionado señaló que la minería ilegal está presente en todas las regiones del Perú, aunque con distinta intensidad, siendo más crítico el panorama en zonas como Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali, Huánuco, Pataz (La Libertad) y Puno. Estas regiones enfrentan no solo deforestación y contaminación de cursos de agua, sino también un aumento de conflictos sociales y laborales vinculados a la economía ilícita de extracción minera.

Expertos y reportes independientes han documentado que el avance de la minería ilegal también pone en riesgo áreas naturales protegidas y cuencas fluviales, donde la contaminación por mercurio, utilizado para extraer oro, compromete la salud humana y la biodiversidad.

Respuesta del Estado: de la interdicción a la propuesta integral

La lucha estatal contra este flagelo ha cobrado fuerza desde 2023 con la creación de una comisión multisectorial integrada por nueve ministerios y cinco instituciones, orientada a tres grandes ejes: formalización de actividades mineras, erradicación de la ilegalidad y recuperación ambiental.

Entre los avances anunciados, García Esquerre destacó la eliminación de más de 50 mil registros mineros que no tenían actividad real, reduciendo el universo a cerca de 31 mil solicitudes mineras activas. Además, las acciones de interdicción aumentaron de 745 operativos en 2024 a 1,037 en 2025, con material incautado o destruido valorizado en casi 4 mil millones de soles.

Sin embargo, el alto comisionado alertó que las acciones exclusivamente coercitivas, como destruir maquinaria o cerrar campamentos, no son suficientes. En su opinión, estas medidas deben ir acompañadas de políticas que promuevan el desarrollo económico sostenible y opciones alternativas para las comunidades afectadas.

Tecnología y control territorial

En zonas particularmente golpeadas como Pataz, en La Libertad, el Estado ha instalado puestos de control estratégico con participación de la SUNAT, Migraciones, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Paralelamente, el Ministerio de Energía y Minas impulsa un sistema digital para rastrear el origen del material minero y determinar si proviene de fuentes ilegales mediante análisis geológicos, imágenes satelitales y seguimiento de rutas de transporte.

Recursos y retos futuros

El presupuesto asignado en 2025 para la lucha contra la minería ilegal creció, lo que permitirá reforzar operaciones aéreas y penetrar zonas de difícil acceso –como la Amazonía– con patrullaje y apoyo logístico. Aun así, el comisionado reiteró que la batalla es de largo plazo y requerirá estrategias sostenibles y coordinadas entre el Estado, las comunidades y la sociedad civil.

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