Perú: Minería ilegal avanza en el río Tigre

Amenaza a comunidades indígenas en la región de Loreto

Las comunidades indígenas denuncian que los mineros provienen principalmente de las fronteras con Brasil y Colombia / Foto: cortesía Servindi

Loreto- La Amazonía peruana enfrenta un nuevo frente de amenaza. Según una investigación de Ojo Público, el río Tigre, en la región Loreto, se ha convertido en escenario de expansión de la minería ilegal de oro, a pesar de que ya carga con décadas de contaminación derivada de la explotación petrolera en los lotes 8 y 192. A lo largo de esta cuenca, ubicada a más de 180 kilómetros de Iquitos, operan al menos 50 dragas que remueven el lecho del río en busca del mineral.

Las comunidades indígenas que habitan la zona denuncian que los mineros provienen principalmente de las fronteras con Brasil y Colombia, y que su presencia está acompañada de amenazas constantes contra los líderes locales. En respuesta, cerca de 2.000 miembros de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre (Feconabat) realizaron bloqueos fluviales en agosto y desde entonces mantienen el control de la ruta para impedir el ingreso de insumos y maquinarias destinadas a la actividad ilegal.

El impacto ambiental es alarmante. Investigaciones recientes advierten que el uso masivo de dragas conlleva un alto costo socioambiental, superior a los $ 14 millones, debido a la liberación de mercurio y la destrucción del ecosistema. A ello se suma la deforestación y la aparición de rutas clandestinas utilizadas no solo para transportar oro y combustible, sino también para facilitar el tráfico de madera y cultivos de coca.

Expertos como José De Echave, citado por Ojo Público, sostienen que el alza histórica del precio del oro -que supera los $ 3.500 por onza- es uno de los motores de este fenómeno, agravado por la débil presencia del Estado en la Amazonía. El investigador advierte que, dada la naturaleza transfronteriza del problema, es necesario que el gobierno peruano articule estrategias conjuntas con países vecinos para contener el avance de estas economías ilegales.

Mientras tanto, los pueblos indígenas exigen acciones inmediatas. Solicitan la instalación de puestos de control y la presencia del Ejecutivo en la zona, demandas que hasta ahora no han tenido respuesta oficial.

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