domingo, 09 de agosto de 2026
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Pugna jurídica vive EP Petroecuador por un bono variable

La cifra mencionada es el equivalente de multiplicar lo que han estado recibiendo los trabajadores por año desde el 2014 y que era un aproximado de $12 millones anuales. Foto: El Universo

Una pugna jurídica se ha levantado en torno al pago de entre $24 millones y $36 millones correspondientes a la remuneración variable por eficiencia de los años 2017, 2018 y 2019, que reclaman los trabajadores de EP Petroecuador.

Sin embargo, este pago fue suspendido para el 2017-2018 en todas las entidades del sector público, según el art. 5 del Decreto Ejecutivo de Austeridad 135 de septiembre del 2017.

Además, el Ministerio de Finanzas en noviembre del 2019 emitió el Acuerdo 123, en el cual suspende a partir del 2020 la remuneración variable. Para luego, con el Acuerdo 146 de diciembre, condicionar ese pago correspondiente al año fiscal 2020 a la presentación de informes técnicos de rigor y dictámenes favorables de Finanzas y Trabajo.

Sin embargo, el Comité de Empresa de Petroecuador (Cetrapep), cuyo presidente es Jorge Cevallos Palacio, llevó a los tribunales de justicia de Esmeraldas un pedido de medida cautelar en contra del gerente de Petroecuador, Pablo Flores, y de José Agusto Briones, actual ministro de Energía y exgerente de las Empresas Públicas, para obligar al pago.

Y así el juez de Atacames, Carlos Rolando Mena Amores, les dio la razón y otorgó la medida en favor de los trabajadores para el pago del bono variable 2017 y 2018, el 17 de diciembre pasado.

Sin embargo, el proceso aún no se cierra. Este 3 de febrero, los abogados de Petroecuador pidieron una revocatoria de la medida y se espera respuesta en estos días.

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