Tasa minera recauda menos del 20 % de lo previsto por el Gobierno en 2025

El sector reporta ingresos cercanos a USD 40 millones frente a una meta oficial de USD 229 millones

La tasa establece cobros equivalentes a entre el 3 % y el 100 % del salario básico unificado por cada hectárea concesionada / Foto: cortesía CME

La tasa de fiscalización minera implementada en Ecuador recaudó alrededor de USD 40 millones en su primer año de aplicación, una cifra que representa menos de la quinta parte de los USD 229 millones que el Gobierno esperaba obtener en 2025.

El aporte fue creado por la Agencia de Regulación y Control Minero con el objetivo de financiar acciones de control y combatir la minería ilegal. El cobro se aplica a la pequeña, mediana y gran minería, y se calcula en función del número de hectáreas concesionadas.

Según la Cámara de Minería del Ecuador, los pagos realizados en julio de 2025 y enero de 2026 sumaron aproximadamente USD 40 millones.

La presidenta ejecutiva del gremio, María Eulalia Silva, señaló que la diferencia entre la meta oficial y lo efectivamente recaudado evidencia problemas en el diseño técnico de la contribución.

La tasa establece cobros equivalentes a entre el 3 % y el 100 % del salario básico unificado por cada hectárea concesionada, según el tipo de minería y la etapa del proyecto. En 2025, los valores oscilaron entre USD 14,10 y USD 470 por hectárea.

Con el aumento del salario básico a USD 482 en 2026, el rango referencial para este año subió a entre USD 14,46 y USD 482 por hectárea.

El sector minero sostiene que esta contribución desincentiva nuevas inversiones y argumenta que, en la práctica, funciona como un impuesto y no como una tasa asociada a un servicio específico del Estado.

En ese contexto, la Cámara de Minería y otras organizaciones presentaron nueve demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador. Ocho de ellas fueron admitidas a trámite.

El Gobierno, por su parte, anunció procesos coactivos contra las empresas que no cancelen este valor e incorporó reformas para que el incumplimiento pueda constituir causal de caducidad de las concesiones mineras.

Mientras el sector espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional y posibles ajustes regulatorios, la tasa continúa vigente y su recaudación seguirá aumentando en 2026 debido al incremento del salario básico y al cobro correspondiente al año completo.

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