El fraude judicial contra Chevron: 12 años del fallo RICO que expuso el caso Lago Agrio

Fabricación de pruebas, sobornos y presión a la corte estuvieron detrás de la sentencia de Lago Agrio contra Chevron.

Fabricación de pruebas, sobornos y presión a la corte estuvieron detrás de la sentencia de Lago Agrio contra Chevron. / Foto: El Oriente

El 4 de marzo de 2014, la justicia federal de Estados Unidos concluyó que la sentencia emitida en la Corte Provincial de Sucumbíos contra Chevron fue producto de un esquema que incluyó fraude, extorsión, sobornos, obstrucción a la justicia y otras actuaciones ilegales.

La decisión del juez Lewis A. Kaplan, de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, se dio tras un juicio bajo la ley RICO, normativa utilizada en Estados Unidos para combatir el crimen organizado. En su fallo, el juez determinó que los abogados de los demandantes del caso Lago Agrio utilizaron prácticas corruptas para obtener la sentencia de 9.500 millones de dólares contra Chevron.

Durante el proceso judicial, la corte revisó testimonios, documentos, correos electrónicos, videos y otros elementos que evidenciaron un patrón sistemático de maniobras ilícitas para fabricar la sentencia contra Chevron. El esquema fue encabezado por el abogado estadounidense Steven Donziger y el ecuatoriano Pablo Fajardo.

Lo que determinó la justicia estadounidense

En su sentencia de casi 500 páginas, el juez Kaplan estableció que:

• Se presionó a la justicia para nombrar un “perito global” supuestamente independiente pero que en realidad fue elegido y pagado por el equipo de Donziger.
• Se contrató a una consultora para redactar en secreto el Informe Pericial que luego se lo presentó a la corte como si fuera independiente.
• El equipo de los demandantes escribió la Sentencia de Lago Agrio y prometió al juez Zambrano $500.000 para que la firmara y la emitiera.

La decisión del juez Kaplan fue ratificada en 2016 por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. En 2017, la Corte Suprema estadounidense rechazó revisar el caso, dejando firme el fallo.

Posteriormente, en 2018, un tribunal arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya también concluyó que la sentencia ecuatoriana fue obtenida mediante fraude y corrupción, calificando como “abrumadora” la evidencia presentada contra el equipo legal de los demandantes.

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