Gobierno adelanta compra directa de arroz y fija inicio de recepción para el 4 de mayo

El Ministerio de Agricultura activa el mecanismo sin intermediarios con un presupuesto de 8 millones de dólares

El precio mínimo de sustentación se mantiene en 34 dólares por saca de 205 libras para arroz de grano corto y 36 dólares para grano largo / Foto: cortesía MAGP

Quito- El Gobierno ecuatoriano adelantó el inicio del programa de compra directa de arroz y comenzará a recibir la cosecha desde el próximo 4 de mayo en todo el país. La medida, anunciada por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega, busca acelerar la atención a pequeños y medianos productores en plena temporada de cosecha.

El proceso forma parte de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 307, firmado por el presidente Daniel Noboa, y establece la compra directa del grano en cáscara a agricultores previamente registrados y verificados en campo.

Según el Ministerio, la decisión de anticipar el cronograma responde a la presión del mercado y a la necesidad de evitar retrasos en la comercialización del producto. El esquema elimina la participación de intermediarios y piladoras, una práctica habitual en la cadena arrocera, con el objetivo de asegurar mejores ingresos para los productores.

El precio mínimo de sustentación se mantiene en 34 dólares por saca de 205 libras para arroz de grano corto y 36 dólares para grano largo. Los pagos serán gestionados a través de BanEcuador, que canalizará los recursos asignados al programa.

Hasta el momento, cerca de 7.000 productores se han inscrito para participar en el mecanismo, que establece un rango de venta desde 5,75 hasta 287,5 toneladas por agricultor. Para sostener la operación, el Estado dispone de un presupuesto aproximado de 8 millones de dólares.

Desde el Ejecutivo se ha señalado la existencia de intentos por frenar el esquema de compra directa, atribuidos a intermediarios y dirigentes que cuestionan la intervención estatal en el mercado.

Mientras tanto, brigadas técnicas del Ministerio permanecerán desplegadas en territorio para verificar la cosecha y acompañar el proceso de entrega, en un intento por evitar irregularidades y garantizar la trazabilidad del producto.

La administración sostiene que la medida apunta a tres objetivos: estabilizar el precio del arroz, asegurar ingresos mínimos para los productores y conformar una reserva estratégica que refuerce la seguridad alimentaria del país.

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