Bogotá – Nuevos documentos oficiales revelados por el diario Vanguardia reavivaron la preocupación por la situación ambiental en el páramo de Santurbán, al señalar que distintas entidades del Gobierno Nacional tenían conocimiento de operaciones de minería ilegal, extracción de oro y contaminación con sustancias químicas en esta reserva estratégica, sin que se hubieran adoptado acciones efectivas para frenar el deterioro del ecosistema.
La investigación periodística asegura que informes técnicos identificaban con precisión la ubicación de varios túneles utilizados para la explotación ilegal de oro en zonas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, dentro del área de influencia del páramo. De acuerdo con la publicación, las operaciones clandestinas habrían empleado compuestos químicos para el procesamiento del mineral, generando riesgos para las fuentes hídricas que abastecen a millones de personas en Santander y Norte de Santander.
Entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, el Gobierno Nacional de Gustavo Petro conocía un informe que determinaba las ganancias de esta red de minería ilegal en $26.000 millones mensuales. Aunque el Ministerio de Ambiente anunció una ofensiva definitiva el 17 de diciembre de 2024, diecinueve meses después, las minas ilegales operan hoy con total impunidad en el páramo de Santurbán.
Santurbán, un ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua
El páramo de Santurbán es considerado uno de los ecosistemas de alta montaña más importantes de Colombia. Además de albergar una gran biodiversidad, abastece de agua potable a cerca de dos millones de habitantes del nororiente del país.
La nueva denuncia se suma a investigaciones publicadas por Vanguardia en los últimos años sobre la expansión de la minería ilegal en la región, la utilización de mercurio y otros químicos en el beneficio del oro, así como la ausencia de una presencia permanente de las autoridades en sectores donde anteriormente operaban proyectos de exploración minera.
Documentos reabren el debate sobre el control estatal
Según la información divulgada, los documentos oficiales demostrarían que diferentes entidades conocían la existencia de actividades ilegales y los riesgos ambientales asociados, incluyendo posibles afectaciones sobre quebradas y ríos que alimentan la cuenca del río Suratá.
La publicación sostiene que, pese a contar con esa información, las acciones de control no fueron suficientes para impedir la continuidad de las explotaciones ilegales ni el avance del daño ambiental.
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En los últimos días, organismos de control también han advertido que los retrasos en la delimitación definitiva del complejo de páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín han favorecido la expansión de la minería ilegal y aumentado la presión sobre este ecosistema estratégico.
Persisten los desafíos para proteger el páramo
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate entre la protección ambiental y la actividad minera en una de las regiones con mayor riqueza aurífera del país.
Mientras continúan las investigaciones sobre las denuncias, expertos insisten en la necesidad de fortalecer la vigilancia ambiental, combatir las redes de minería ilegal y acelerar las decisiones regulatorias que permitan garantizar la conservación del páramo y la seguridad hídrica de la región.
La situación también reabre la discusión sobre la capacidad institucional para controlar actividades ilícitas en zonas ambientalmente sensibles de Colombia.
