Minería ilegal se expande en la Amazonía mientras el Ejército intensifica operativos

La minería ilegal está asociada a organizaciones delictivas como Los Lobos y Los Tiguerones, identificadas principalmente en Tena y Puyo

Durante marzo de 2026, los operativos permitieron la destrucción de maquinaria y campamentos vinculados a la minería ilegal / Foto: cortesía Ejército Ecuatoriano

Puyo- La minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas en la Amazonía ecuatoriana, especialmente en las provincias de Pastaza, Napo y Morona Santiago, donde el Ejército ha reforzado sus operaciones para contener el avance de esta actividad vinculada a redes criminales.

De acuerdo con fuentes militares, aunque la presencia de grupos armados no es tan alta como en otras regiones del país, la minería ilegal ha ganado terreno y está asociada a organizaciones delictivas como Los Lobos y Los Tiguerones, identificadas principalmente en ciudades como Tena y Puyo.

Las acciones están a cargo de la Brigada de Selva N.º 17, parte de la IV División del Ejército Amazonas, que mantiene control sobre gran parte de la Amazonía centro-sur. Desde esta unidad se ejecutan patrullajes permanentes y operativos de control en siete destacamentos estratégicos, enfocados en vigilancia territorial y detección de actividades ilícitas.

Durante marzo de 2026, los operativos permitieron la destrucción de maquinaria y campamentos vinculados a la minería ilegal. Entre los resultados se reporta la inutilización de 15 excavadoras, 30 dragas, 16 motores de succión y la eliminación de tres campamentos clandestinos. Además, se incautaron 215 kilogramos de material aurífero y más de 400 galones de combustible.

Uno de los operativos más relevantes se realizó en el Parque Nacional Sangay, donde se intervinieron alrededor de 775 hectáreas afectadas por estas actividades. Según estimaciones militares, las pérdidas económicas para las estructuras ilegales superan los 500.000 dólares.

Sin embargo, el control no es sencillo. La falta de presencia institucional en territorio, como oficinas cercanas de la Agencia de Regulación y Control Minero, obliga a coordinar acciones a distancia. A esto se suma la participación de comunidades locales en actividades extractivas, lo que limita el uso de la fuerza y complica las intervenciones.

Además de la minería, los operativos incluyen control de armas, combustibles y otros recursos utilizados por redes ilegales. En este contexto, las Fuerzas Armadas han intensificado patrullajes nocturnos para evitar la expansión de estas actividades y contener el ingreso de organizaciones criminales desde otras provincias.

Las autoridades advierten que, más allá del impacto económico, la minería ilegal está generando daños significativos en ríos y ecosistemas amazónicos, consolidándose como uno de los principales desafíos de seguridad y ambiente en la región.

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