Plan del Gobierno incluye activos de Ecopetrol y sus filiales como posibles desinversiones

El inventario enviado al Congreso identifica empresas estratégicas del sector energético susceptibles de venta

El listado actual abarca más de 20 empresas de los sectores de energía, transporte y servicios / Foto: cortesía Presidencia Colombia

Bogotá- El Gobierno Nacional incluyó a Ecopetrol y a varias de sus filiales en el Plan de Enajenación para el periodo 2026. El documento, remitido al Congreso de la República, detalla los activos públicos que, bajo criterios de planificación fiscal, podrían ser objeto de venta total o parcial en los próximos años.

La presentación de este inventario responde a una obligación legal que exige al Ejecutivo listar los activos potencialmente enajenables. El listado actual abarca más de 20 empresas de los sectores de energía, transporte y servicios. Entre las unidades destacadas figuran activos internacionales de Ecopetrol, infraestructura de transporte de hidrocarburos y divisiones de refinación y petroquímica.

Dentro del plan también aparecen firmas como Cenit, Ocensa e ISA. La normativa vigente aclara que la inclusión en este documento no activa una venta directa, sino que habilita el marco legal para que el Estado pueda disponer de estas participaciones en el futuro, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y legales.

Cualquier operación de venta sobre Ecopetrol, donde el Estado mantiene el 88,4 % de participación, requeriría de valoraciones comerciales, aprobaciones de juntas directivas y la emisión de decretos específicos que justifiquen la transacción. Actualmente, el documento funciona como una herramienta de previsión presupuestaria y no como una orden de ejecución.

La publicación del plan ocurre en un momento en que Ecopetrol reporta una caída en sus utilidades y enfrenta presiones en su calificación de riesgo crediticio. Aunque una desinversión podría generar liquidez inmediata para las arcas públicas, la medida reaviva el debate sobre la pérdida de control estatal en la cadena de suministro energético y la soberanía sobre activos estratégicos del país.

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