martes, 28 de julio de 2026
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Venezuela abre su industria petrolera, pero el riesgo político limita la recuperación

La inseguridad jurídica, el control estatal y los efectos de los terremotos aún frenan la inversión de largo plazo

La producción venezolana alcanzó alrededor de 1,2 millones de barriles diarios en junio de 2026 / Foto: cortesía Elizabeth Fernandez

Venezuela intenta acelerar la recuperación de su industria petrolera con un nuevo marco regulatorio que flexibiliza las condiciones fiscales y permite la participación privada en prácticamente toda la cadena de valor. No obstante, los cambios serían insuficientes para devolver la producción a los niveles superiores a tres millones de barriles diarios alcanzados antes del gobierno de Hugo Chávez, según un análisis del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

La producción venezolana alcanzó alrededor de 1,2 millones de barriles diarios en junio de 2026, después de crecer 150.000 barriles diarios durante el segundo trimestre. El avance respondió principalmente al alivio de las sanciones estadounidenses y a la normalización parcial de las exportaciones. Los envíos hacia la costa del golfo de Estados Unidos promedian cerca de 600.000 barriles diarios, lo que convirtió nuevamente a Venezuela en uno de sus principales proveedores.

Las regulaciones publicadas el 7 de julio establecen condiciones fiscales diferenciadas según el tipo de proyecto. La suma de regalías e impuestos a la producción oscila entre 15 % para nuevos campos costa afuera y 35 % para campos terrestres que ya producen. A esto se añade un impuesto a la renta de 34% para proyectos nuevos y de 50 % para crudos pesados y campos maduros.

El nuevo esquema también abre al capital privado las actividades de transporte, almacenamiento, refinación y comercialización, hasta ahora dominadas por la estatal PDVSA. Esto podría aliviar varios cuellos de botella logísticos. Además, las empresas deberán generar su propia electricidad y capturar o reinyectar el gas asociado, una medida dirigida a reducir la quema y las emisiones de metano.

Sin embargo, persisten obstáculos importantes. Las inversiones en refinerías operarían mediante licencias temporales y los activos regresarían posteriormente al Estado, lo que reduce los incentivos para construir nueva capacidad. Tampoco existe una garantía clara de arbitraje internacional y el Ministerio de Energía mantiene amplias facultades para supervisar o terminar contratos.

El papel de PDVSA también permanece poco definido. Las nuevas modalidades permiten que empresas privadas operen campos y reciban una parte de la producción, pero la división de responsabilidades entre la petrolera estatal y el Ministerio de Energía podría generar conflictos contractuales.

A estos riesgos se suman los daños económicos causados por los terremotos del 24 de junio. Aunque la infraestructura petrolera no fue afectada de manera significativa, el Banco Mundial estima que la reconstrucción costará alrededor de USD 19.700 millones. La presión sobre las finanzas públicas, los servicios básicos y la infraestructura podría retrasar inversiones previstas en el sector.