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Guillermo Lasso

Lasso no comparecerá ante comisión que lleva primera fase de juicio político

25/04/2023 EFE -

La presencia de Lasso dentro del proceso solo se dará si se llega a la segunda y última etapa, cuando tenga que realizar su alegato de defensa ante el pleno de la Cámara

La presencia de Lasso dentro del proceso solo se dará si se llega a la segunda y última etapa, cuando tenga que realizar su alegato de defensa ante el pleno de la Cámara  / Foto: EFE La presencia de Lasso dentro del proceso solo se dará si se llega a la segunda y última etapa, cuando tenga que realizar su alegato de defensa ante el pleno de la Cámara  / Foto: EFE

La presencia de Lasso dentro del proceso solo se dará si se llega a la segunda y última etapa, cuando tenga que realizar su alegato de defensa ante el pleno de la Cámara / Foto: EFE

El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, no comparecerá en principio ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) que realiza la primera etapa del juicio político al mandatario, a donde está citado el miércoles en el último día de declaraciones.

Así lo anunció este lunes a periodistas el secretario jurídico de la Presidencia de Ecuador, Juan Pablo Ortiz, al señalar que, en principio, la presencia de Lasso dentro del proceso solo se dará si se llega a la segunda y última etapa, cuando tenga que realizar su alegato de defensa ante el pleno de la Cámara.

No obstante, Ortiz indicó que la última palabra la tiene el presidente sobre la posibilidad de presentarse ante la Comisión de Fiscalización, pero que en principio se ha decidido que la exposición la realice el abogado del mandatario, Édgar Neira.

El juicio político fue planteado por la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea, por los presuntos delitos de concusión por una presunta trama de corrupción en empresas públicas y por peculado (malversación) ante supuestas irregularidades en un contrato de la flota petrolera estatal Flopec con la compañía Amazonas Tankers.

Sin embargo, tras revisar los documentos de la acusación, la Corte Constitucional dejó fuera por falta de sustento el delito de concusión y solo permitió que se realice el juicio político por el delito de peculado.

Ahora la Comisión de Fiscalización debe realizar un informe bajo esas premisas y para ello se encuentra en la fase de recepción de pruebas y de declaraciones de testigos.

SATISFECHOS CON DEFENSA

En ese sentido, Ortiz consideró que la defensa del presidente ha logrado desarticular los argumentos de la acusación y demostrar fehacientemente que Lasso no ha generado ninguna irregularidad en el caso de Flopec.

El secretario jurídico de la Presidencia insistió en que los contratos señalados fueron firmados en 2018 y 2020 por la anterior administración del presidente Lenín Moreno (2017-2021) y rechazó las afirmaciones de la oposición de que la actual gestión de Lasso no hizo nada al respecto sobre esos contratos.

Según Ortiz, con Lasso en el poder se dio la instrucción de presentar una denuncia ante la Fiscalía y también se solicitó a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) que hiciese un análisis para revisar si hubiese alguna responsabilidad, y a partir de ello emitió un informe con 13 recomendaciones acogidas por el Ejecutivo.

Asimismo, negó que haya habido un perjuicio para el Estado ya que ese contrato ha generado un beneficio de 32 millones de dólares, mientras que Flopec registró un superávit de 180 millones de dólares.

SEGUIMIENTO SOLICITADO A CORTE CONSTITUCIONAL

El secretario jurídico de la Presidencia recordó que han solicitado a la Corte Constitucional que haga un seguimiento al proceso de juicio político para determinar que se ajuste a los parámetros de su fallo.

También instó a los asambleístas a votar en función a los argumentos presentados y a no votar solo por cálculo político.

En caso se llegar el juicio político al pleno de la Asamblea se requieren 92 votos para aprobar la destitución del presidente, equivalentes a dos terceras partes de la Cámara.

Antes de llegar a ese escenario, Lasso no ha descartado recurrir a la denominada "muerte cruzada", una figura constitucional que permite al jefe de Estado disolver la Asamblea y convocar elecciones generales anticipadas en el plazo de un año donde el Ejecutivo gobernaría y legislaría mediante decretos.
 

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