Noboa propone zonas de seguridad contra la minería ilegal

El gobierno ha identificado 4 áreas geográficas

El gobierno ha identificado 4 áreas geográficas / Foto: cortesía Fuerzas Armadas

El gobierno de Daniel Noboa considera anular concesiones mineras a través de la declaratoria de zonas de interés nacional, para combatir la minería ilegal. Este objetivo espera que sea aprobado en una de las preguntas de la consulta popular que planea.

La pregunta apunta a declarar a determinadas zonas como territorios de interés nacional, para evaluar, “por una sola vez, la pertinencia de revocar concesiones mineras”.

Con esa medida se busca, según el gobierno, garantizar el correcto aprovechamiento de recursos minerales y combatir el crimen organizado.

En el país, el gobierno identifica cuatro áreas geográficas con presencia de minería ilegal: provincia de Esmeraldas (San Lorenzo) y provincias de Carchi e Imbabura (Buenos Aires); provincia de Napo (Yutzupino); provincias de Zamora Chinchipe (Chinapintza) y Morona Santiago; y provincias de Azuay, El Oro y Loja.

Para justificar la pregunta se manifiesta que, en varios casos, la minería ilegal se desarrolla dentro de concesiones mineras. Por ejemplo, en la provincia de Napo se han suspendido 76 derechos de pequeña minería.

“Existen varios casos de derechos mineros suspendidos por la extracción ilícita de recursos dentro de concesiones mineras, que pueden ser consensuados por los dueños de los terrenos. La explotación ilícita por parte o en complicidad con los titulares de los predios se da con el fin de evitar los trámites administrativos” y no es necesariamente un tema penal, dice el texto del documento oficial.

Según el exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar, al momento existen suficientes elementos en la política pública minera 2019-2030, en el eje número 5, para combatir la minería ilegal, por lo que no es necesario ni incluir la pregunta en la consulta ni revocar concesiones sino aplicar las estrategias.

Entre los lineamientos de esa política está, justamente, implementar una estrategia integral para la prevención, combate y sanción de la actividad ilegal.

Considera necesario crear un consejo de control de minería ilegal “porque si en el país se continúa actuando con las mismas entidades que no han hecho nada y si no se toca temas de fondo como la corrupción, la minería ilegal seguirá creciendo”.

Enfatiza que prohibir actividades bien hechas solo contribuirá a generar mayor inseguridad jurídica, incertidumbre e inestabilidad política.