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Otra decisión del gobierno de Correa le puede costar al Estado cerca de $ 18 millones

20/12/2022 El Oriente - Redacción

Un nuevo caso de una empresa en contra del Estado ecuatoriano se suma a la larga lista de procesos arbitrales que afronta la nación.

Un nuevo caso de una empresa en contra del Estado ecuatoriano se suma a la larga lista de procesos arbitrales que afronta la nación / Foto: cortesía Secom Un nuevo caso de una empresa en contra del Estado ecuatoriano se suma a la larga lista de procesos arbitrales que afronta la nación / Foto: cortesía Secom

Un nuevo caso de una empresa en contra del Estado ecuatoriano se suma a la larga lista de procesos arbitrales que afronta la nación / Foto: cortesía Secom

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que el 16 de diciembre fue notificada sobre la decisión de un tribunal arbitral internacional, administrado por la Cámara de Comercio Internacional, en el arbitraje planteado por la compañía Maessa (miembro del Consorcio GLP) en contra de la República del Ecuador.

La controversia tiene relación con un contrato suscrito en marzo de 2011, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, entre la empresa de transporte marítimo Flopec y el Consorcio GLP. Fue para el suministro, construcción y montaje de un sistema de automatización que permita el transporte de propano y butano desde los buques de aprovisionamiento hasta las esferas de depósito y procesamiento en el proyecto Monteverde.

Maessa, en su demanda, reclamó una indemnización de $ 48,3 millones más intereses. Sin embargo, luego de la presentación de los argumentos realizados por la defensa del Estado, el laudo final condenó a Ecuador al pago de $ 17,3 millones más intereses y costas.

En diciembre de 2014, Flopec declaró unilateralmente terminado el contrato, ejecutó las garantías y dispuso la inclusión del Consorcio GLP y sus miembros en la lista de contratistas incumplidos.

El equipo de defensa de la República del Ecuador se encuentra analizando el laudo para determinar las futuras acciones que emprenderá en defensa de los intereses estatales, entre las cuales existe la posibilidad de presentar un recurso de anulación en la sede del arbitraje.

El caso se suma a un listado de procesos arbitrales que han nacido durante el gobierno de Correa. Han surgido debido a la terminación unilateral de contratos o cambios en las condiciones de acuerdos firmados.

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