Chevron: deshonra nacional

El Estado debe ejercer el derecho de repetición contra los culpables de esta nueva deshonra nacional por el caso Chevron.

El país ha recibido, con alivio de la Procuraduría, el laudo arbitral que lo condena a pagar $220 millones, entre capital e intereses, a la empresa Chevron. Este pago, ordenado por el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, se justifica en los gastos en los que la petrolera incurrió para evitar la ejecución de la sentencia fraudulenta en su contra por $9.500 millones que recibidó de la justicia ecuatoriana.

Este es el fin de un culebrón en el que estuvieron involucrados la empresa estadounidense, Petroecuador, lo más alto del poder político en la era del correísmo y activistas que presionaron a la Justicia.

Desde 2014 se inició una pelea política cuando la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que la sentencia por los $9.500 millones en contra de Chevron fue producto de fraude y extorsión, y la declaró inejecutable. El Gobierno de Ecuador, liderado por Rafael Correa, inició varias campañas internacionales para lograr ejecutar la sentencia extorsiva. No lo logró.

Ahora el país queda con una condena internacional por corrupción judicial, pero con la oportunidad de que este caso se cierre y pueda dejar de ser un irritante en la relación con Estados Unidos.

En el caso Chevron el país perdió, pero más las personas afectadas por la falta de remediación ambiental que era obligación de Petroecuador. Durante tres décadas el Estado no hizo nada. Eso fue ocultado por la propaganda de ese entonces y las ansias de ganar dinero a costa del medio ambiente.

El Estado debe ejercer el derecho de repetición contra los culpables de esta nueva deshonra nacional.

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